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Crea el Certificado profesional en Construcción en piedra seca, dentro de la familia de Edificación y Obra Civil. Fija su currículo y las ofertas de grados B y A incluidas en este certificado. Regula el perfil profesional, los módulos formativos, el acceso y la titulación.

Crea el Certificado profesional en Operaciones con maquinaria de transporte de tierras en construcción, dentro de la familia de Edificación y Obra Civil. Fija su currículo y las ofertas de grados B y A incluidas en este certificado. Regula el perfil profesional, los módulos formativos, el acceso y la titulación.

Modifica varias leyes de Castilla-La Mancha en materias administrativas y tributarias para aplicar los objetivos de los presupuestos de 2025. Ajusta normas sobre hacienda, archivos, educación, montes, patrimonio cultural, ordenación del territorio, infancia, integridad pública y juego.

Regula los grados A, B y C de Formación Profesional en cuatro familias profesionales: Edificación y Obra Civil, Electricidad y Electrónica, Energía y Agua e Industrias Extractivas. Establece los títulos, su duración, acceso, profesorado, espacios y equipamientos, y la correspondencia con los estándares de competencias profesionales.

Establece dos nuevas cualificaciones profesionales de la familia Edificación y Obra Civil y las incluye en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. También actualiza y modifica parcialmente varias cualificaciones de las familias Electricidad y Electrónica y Edificación y Obra Civil.

Crea tres certificados de profesionalidad de la familia Fabricación Mecánica y los incorpora al Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad. Regula su estructura, contenido, requisitos de acceso a la formación, correspondencia con títulos de formación profesional y condiciones de formadores y tutores.

Actualiza el título de Técnico Superior en Proyectos de Edificación, de la familia profesional Edificación y Obra Civil, y fija sus enseñanzas mínimas. Adapta la formación a las cualificaciones profesionales revisadas.

Prorroga el tipo cero del Impuesto General Indirecto Canario para paliar los efectos del COVID-19, permite que las universidades públicas canarias destinen su remanente de libre disposición a determinados gastos y adapta las medidas tributarias excepcionales de La Palma a la normativa anterior.