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Regula la concesión directa de subvenciones a interlocutores sociales para digitalizar el sector productivo. Estas ayudas se enmarcan en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y las financia la Unión Europea con fondos Next Generation EU.

Regula la concesión directa de una subvención a la Asociación del Deporte Español para actividades de formación en capacidades digitales. Se enmarca en el componente 19 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dedicado a las competencias digitales.

Regula la concesión directa de una subvención a la Fundación Germán Sánchez Ruipérez para ejecutar el Programa PARIX, de formación de los agentes de la cadena del libro. La ayuda se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y se vincula al componente de competencias digitales.

Regula la concesión directa de una subvención a la Corporación de Radio y Televisión Española, S.A. para actividades de formación en capacidades digitales. La ayuda se enmarca en el componente 19 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dedicado a las competencias digitales.

Modifica la Ley 34/2006 para unificar el acceso a las profesiones de abogado y procurador: se exige el mismo título de Derecho y el mismo máster para ambas, y quien supere la evaluación podrá ejercer una u otra con la colegiación. También cambia el régimen de sociedades profesionales y el sistema de aranceles de la procura.

Regula la concesión directa de subvenciones a universidades públicas españolas para modernizar y digitalizar el sistema universitario. Estas ayudas se enmarcan en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y se financian con fondos europeos. La norma fija el procedimiento, las beneficiarias, los plazos, las cuantías y la justificación.

La ley establece medidas para frenar la despoblación y desarrollar el medio rural en Castilla-La Mancha. Define qué zonas son rurales y cómo se clasifican según su población. Crea estrategias regionales y regula el acceso a servicios públicos en esas zonas.

Adopta medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19. Incluye refuerzo del gasto sanitario, apoyo a familias, al turismo y aplazamiento de deudas tributarias. También regula la contratación pública y transferencias de crédito entre administraciones.