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El real decreto-ley establece medidas urgentes para proteger la función social de la vivienda y ampliar la oferta de vivienda asequible. Incluye normas frente a la especulación, la suspensión de desahucios de personas vulnerables, cambios fiscales y la creación de un parque público de vivienda.

Modifica la Ley de Arrendamientos Urbanos para reforzar la estabilidad de los contratos de alquiler de vivienda habitual. Regula la duración del contrato y su renovación, y coordina estos cambios con la prórroga extraordinaria ya prevista. Incluye un régimen transitorio para los contratos que ya están vigentes.

Prorroga y amplía medidas del Plan de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio ante el encarecimiento de la energía. Incluye límites de precio del gas y los gases licuados, rebajas fiscales en hidrocarburos, electricidad e IVA, y ayudas al gasóleo agrario, la pesca y el transporte.

Establece medidas urgentes para proteger la función social de la vivienda y ampliar la oferta de vivienda asequible. Incluye la suspensión de desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional, cambios en el alquiler, medidas fiscales y la creación de un fondo y una cuenta de ahorro para financiar vivienda.

Amplía al ejercicio 2026 una deducción en el IRPF para residentes en la isla de La Palma y permite a las comunidades autónomas con superávit y bajo endeudamiento financiar inversiones entre 2026 y 2028. También abre un nuevo plazo para suspender pagos de préstamos a afectados por el volcán y regula una prestación por cese de actividad para autónomos afectados.

Aprueba medidas urgentes de apoyo económico y social a Ceuta tras la entrada irregular de personas migrantes a finales de julio. Incluye ayudas directas a empresas y autónomos, rebajas fiscales, líneas de avales y créditos extraordinarios para reforzar servicios públicos, acogida, sanidad, seguridad y empleo.

Modifica y amplía el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio aprobado en marzo de 2026. Ajusta impuestos sobre la energía y los carburantes, y extiende ayudas a agricultores, ganaderos, pescadores y transportistas.

Modifica la Ley 17/2006 de radio y televisión estatal para añadir un artículo 33 bis. Ese artículo regula cómo compensar las desviaciones en el coste neto del servicio público de RTVE por circunstancias sobrevenidas, incluidos impuestos no deducibles.

Establece ayudas directas para que las personas jóvenes viajen en transporte público colectivo terrestre, ferroviario y por carretera, durante el verano de 2026. Incluye reducciones del precio de los billetes y del Pase Interrail.

Autoriza a determinados organismos y entidades del sector público institucional estatal a concertar operaciones de crédito extraordinarias hasta unos importes máximos fijados para cada uno. Esta autorización es adicional e independiente de los límites de endeudamiento de la Ley de Presupuestos vigente.

Establece medidas urgentes para el transporte de mercancías por carretera y por ferrocarril ante la subida de costes energéticos. Incluye ayudas directas a empresas ferroviarias y modifica la Ley 15/2009 del contrato de transporte terrestre de mercancías y la Orden FOM/1882/2012.

Aprueba un plan de respuesta a la crisis en Oriente Medio con medidas energéticas, económicas, tributarias, agrarias, pesqueras, de transporte y sociales. Incluye descuentos para consumidores eléctricos vulnerables, ayudas al bono social térmico y medidas para impulsar la electrificación y las renovables.

Establece ayudas y medidas urgentes para reparar los daños causados por lluvias, viento, nieve y otros fenómenos meteorológicos adversos, con especial incidencia en Andalucía y Extremadura. Incluye apoyos a personas, viviendas, empresas, explotaciones agrarias y pesqueras, ayuntamientos y medidas fiscales y de empleo.

Modifica la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios para proteger el acceso a bienes y servicios esenciales durante emergencias. Permite limitar temporalmente los precios cuando una emergencia altere la oferta y la demanda. Incluye medidas para los servicios afectados por el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba).

Aprueba medidas urgentes para proteger a personas en situación de vulnerabilidad social. Incluye cambios en vivienda, energía, empleo, impuestos y en la financiación de comunidades autónomas y ayuntamientos.

Fija la revalorización de las pensiones públicas para 2026 en un 2,7 %, el valor medio de la variación del IPC de los doce meses previos a diciembre. También actualiza el límite de la cuantía inicial de las pensiones y las bases de cotización de la Seguridad Social.

Prorroga varias medidas de protección social y adopta medidas urgentes en materia tributaria y de Seguridad Social. Incluye normas sobre vivienda, energía, pensiones, empleo, impuestos y financiación de comunidades autónomas y ayuntamientos.

Establece ayudas y bonificaciones para abaratar el transporte público: descuentos en abonos y títulos multiviaje de autobuses y trenes, ayudas a comunidades y ayuntamientos para el transporte urbano e interurbano, y medidas para Cercanías de Asturias y Cantabria.

Permite que las entidades locales y las comunidades autónomas usen el superávit presupuestario de 2024 para financiar inversiones financieramente sostenibles en 2025, 2026 y 2027. También amplía el plazo para que los sistemas informáticos de facturación de empresarios y profesionales cumplan los requisitos del reglamento que los regula.