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Regula el Fondo de Carbono para una Economía Sostenible, un fondo público sin personalidad jurídica adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica. Establece sus objetivos, las actuaciones que puede financiar, cómo se compran créditos de carbono y cómo se organiza y gestiona.

Establece la estructura orgánica básica de los 22 departamentos ministeriales, fijando los órganos superiores y directivos de cada uno. Desarrolla la reestructuración ministerial previa y regula la subsistencia de órganos, adscripciones y régimen transitorio.

Reorganiza la Administración General del Estado en 22 ministerios y fija las competencias y la estructura interna de cada uno. También adscribe organismos públicos a los nuevos departamentos y suprime los órganos que desaparecen.

Modifica la estructura orgánica de los ministerios de Justicia, para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y Defensa. Reorganiza órganos y unidades, suprime algunos y adapta el Servicio Jurídico del Estado.

Crea y regula el Fondo de Restauración Ecológica y Resiliencia, un fondo público sin personalidad jurídica que sustituye al anterior Fondo para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad. El fondo financia medidas de aguas, costas, cambio climático, contaminación, biodiversidad y meteorología dentro del Plan de Recuperación.

Modifica la Ley 1/2005, que regula el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, para adaptarla a la Directiva (UE) 2018/410. Actualiza normas sobre asignación gratuita, seguimiento y notificación de emisiones, verificación de datos, registro y derechos del sector de la aviación.

Desarrolla la estructura organizativa del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico hasta el nivel de subdirección general y define las competencias de cada órgano. También modifica el real decreto que fija la estructura básica de los departamentos ministeriales.

Establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, fijando sus órganos directivos hasta el nivel de Dirección General. Regula también los gabinetes, la delegación de competencias y medidas de coordinación entre ministerios.

Reorganiza la Administración General del Estado y fija los 22 ministerios que la componen, con sus competencias y sus órganos superiores, como secretarías de Estado.