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Establece ayudas extraordinarias para reparar los daños de los incendios forestales del verano de 2026 en Extremadura. Incluye subvenciones para explotaciones agrícolas, ganaderas y apícolas, para el turismo y para viviendas afectadas, además de bonificaciones fiscales y medidas sobre montes.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del País Vasco contra varios artículos de la Ley 12/2023, por el derecho a la vivienda. Declara que parte del recurso ha perdido objeto y aplica doctrina de sentencias anteriores sobre competencias en vivienda, urbanismo y ordenación del territorio.

Modifica la Ley de Arrendamientos Urbanos para dar más estabilidad a los contratos de alquiler de vivienda habitual. Cambia la duración y las reglas de prórroga y extinción del contrato, y fija cómo se aplica a los contratos ya vigentes.

El real decreto-ley establece medidas urgentes para proteger la función social de la vivienda y ampliar la oferta de vivienda asequible. Incluye normas frente a la especulación, la suspensión de desahucios de personas vulnerables, cambios fiscales y la creación de un parque público de vivienda.

Modifica la ley general de derechos de las personas con discapacidad y la ley de dependencia para ampliar y reforzar sus derechos a la inclusión, la autonomía y la accesibilidad universal, adaptándolas al artículo 49 de la Constitución. También cambia otras normas relacionadas, como la de propiedad horizontal, la de seguros y la de patrimonio histórico.

Modifica la Ley de Arrendamientos Urbanos para reforzar la estabilidad de los contratos de alquiler de vivienda habitual. Regula la duración del contrato y su renovación, y coordina estos cambios con la prórroga extraordinaria ya prevista. Incluye un régimen transitorio para los contratos que ya están vigentes.

Establece medidas urgentes para proteger la función social de la vivienda y ampliar la oferta de vivienda asequible. Incluye la suspensión de desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional, cambios en el alquiler, medidas fiscales y la creación de un fondo y una cuenta de ahorro para financiar vivienda.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 23/2026, que adopta medidas fiscales y financieras urgentes para la reconstrucción económica y social de la isla de La Palma. También incluye medidas para que las comunidades autónomas con superávit ejecuten inversiones pendientes de ejercicios anteriores a 2026.

Modifica la normativa urbanística de Extremadura para agilizar la aprobación y ejecución del planeamiento. Crea los Proyectos Estratégicos para Vivienda Asequible y regula las entidades de certificación urbanística. También permite aumentar la edificabilidad cuando se construyan viviendas con protección pública.

La ley modifica normas de la Generalitat Valenciana en varias materias: tributos propios y cedidos, vivienda, cooperativas, urbanismo, función pública, sanidad, servicios sociales, educación, agricultura, justicia, emergencias e industria. También reorganiza entes del sector público autonómico.

Amplía al ejercicio 2026 una deducción en el IRPF para residentes en la isla de La Palma y permite a las comunidades autónomas con superávit y bajo endeudamiento financiar inversiones entre 2026 y 2028. También abre un nuevo plazo para suspender pagos de préstamos a afectados por el volcán y regula una prestación por cese de actividad para autónomos afectados.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad presentado por la Generalitat de Cataluña contra varios preceptos de la Ley 12/2023, por el derecho a la vivienda. Declara que parte del proceso ha perdido objeto porque esos preceptos ya fueron juzgados en sentencias anteriores, y se pronuncia sobre la constitucionalidad de los preceptos relativos a la actividad del Estado en subvenciones de vivienda.

Modifica la Ley 3/2024 para ampliar las medidas urbanísticas que permiten aumentar la oferta de vivienda de protección pública. Facilita el cambio de uso de edificios y parcelas de oficinas a vivienda protegida en alquiler sin recalificar el suelo.

La ley reúne medidas para reducir y simplificar la normativa de la Generalitat Valenciana, agilizar trámites administrativos y garantizar la unidad de mercado. También regula el apoyo a empresas emergentes y a la investigación, y contiene medidas en servicios sociales, vivienda, sanidad, educación, medio ambiente, industria y turismo.

Modifica la Ley de Urbanismo de Cataluña y otras normas para adaptar la ordenación del territorio, el urbanismo y la contratación pública a los municipios rurales. Desarrolla medidas de la Ley 8/2025 del Estatuto de municipios rurales para favorecer el arraigo, la repoblación y el equilibrio territorial.

El Tribunal Constitucional anula los artículos 6.4 y 9.4 de la Ley catalana 24/2015, que obligaban a las empresas suministradoras a pedir un informe a los servicios sociales antes de cortar la electricidad o el gas y fijaban un plazo de 15 días para emitirlo.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos de la Ley de Cataluña 11/2025, de 29 de diciembre, de medidas en materia de vivienda y urbanismo. El recurso lo presentan más de cincuenta diputados del Congreso.

Establece medidas fiscales en Navarra para responder a las consecuencias económicas de la crisis en Oriente Medio. Amplía plazos para reinvertir beneficios extraordinarios y para la Reserva Especial para Inversiones, y crea una deducción en el IRPF por obras de mejora de la eficiencia energética de las viviendas en 2026.