Buscar en el BOE

Establece el régimen jurídico para el uso civil de sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS o drones) en España y modifica varias normas reglamentarias sobre control de importación, demostraciones aéreas, lucha contra incendios, búsqueda y salvamento, aeronavegabilidad, licencias, matriculación de aeronaves, compatibilidad electromagnética, reglamento del aire y notificación de sucesos.

Modifica varias leyes de la Comunidad de Madrid para impulsar la actividad económica y modernizar la Administración. Cambia normas sobre hacienda, tasas, urbanismo, medio ambiente, carreteras, juego, entidades locales, servicios sociales, deporte y organización administrativa.

Modifica la norma que regula los servicios de auxilio en las vías públicas para precisar los requisitos técnicos de los dispositivos V-16 con geolocalización. Exige controles en la producción y que la certificación verifique la conectividad con la plataforma de la Dirección General de Tráfico. Fija un periodo transitorio para dispositivos ya certificados sin conectividad.

Modifica la Ley 7/2013 sobre instalación, acceso y ejercicio de actividades en las Illes Balears, con especial atención a las actividades no permanentes de ocio y entretenimiento. Además, establece el régimen de prestación del servicio de taxi en la isla de Ibiza y modifica otras normas autonómicas.

Modifica varias normas reglamentarias sobre seguridad marítima para adaptarlas a la normativa europea y a cambios técnicos. Afecta a buques de pasaje, equipos marinos, flota civil, pesquera y de recreo, y a la función inspectora de la Administración marítima.

Modifica el Código Internacional de sistemas de seguridad contra incendios (Código SSCI) en lo relativo a los sistemas automáticos de rociadores, de detección de incendios y de alarma contraincendios. Las enmiendas se consideran aceptadas el 1 de julio de 2019 y entran en vigor el 1 de enero de 2020.

Modifica varias leyes de Cantabria para adaptar tasas y precios públicos, tributos cedidos y normas administrativas. Incluye cambios en materia de aguas, pesca, transporte, función pública, patrimonio cultural, farmacia, deporte, igualdad y urbanismo.

Modifica las directrices básicas y los planes estatales de protección civil para mejorar la atención a las personas con discapacidad y a otros colectivos en situación de especial vulnerabilidad ante emergencias. Incluye criterios de accesibilidad en la información y en los servicios de emergencia.