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El Tribunal Constitucional mantiene en parte la suspensión de dos disposiciones finales de la Ley de presupuestos de Canarias para 2025, recurridas por el presidente del Gobierno. Una afecta a las retribuciones de gerentes de organismos sanitarios y otra al régimen de prórrogas de concesiones en puertos deportivos.

Aprueba los Presupuestos Generales de Navarra para 2026, que incluyen los gastos e ingresos del Parlamento, la Administración de la Comunidad Foral, sus organismos autónomos, fundaciones y sociedades públicas, la Universidad Pública de Navarra y la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción. También regula las modificaciones de créditos, los gastos de personal y las operaciones financieras.

Regula las finanzas de la Generalitat de Cataluña mientras no se aprueban los presupuestos de 2026 y se mantiene prorrogado el presupuesto de 2023. Fija los aumentos de sueldo de 2025 y 2026 del personal público, actualiza las pensiones y el indicador de renta de suficiencia de Cataluña.

Aprueba los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2026: fija los gastos e ingresos de la Administración y sus organismos, regula las modificaciones de créditos, el gasto de personal, las operaciones de crédito y algunas normas tributarias y de tasas.

Aprueba los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para 2026. Fija los gastos e ingresos de la Administración general, organismos autónomos, entes públicos, sociedades, fundaciones y consorcios, y regula las retribuciones del personal y las aportaciones de las diputaciones forales.

Aprueba los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2026: fija los gastos e ingresos de la Junta y de sus entes dependientes, regula las retribuciones del personal y las operaciones financieras y tributarias. También establece las transferencias y delegaciones de competencias a los ayuntamientos.

El Congreso convalida el Real Decreto-ley 15/2025, que adopta medidas urgentes para favorecer la actividad inversora de las entidades locales y las comunidades autónomas. También modifica el reglamento sobre los sistemas informáticos de facturación de empresarios y profesionales y los formatos de los registros de facturación.

Permite que las entidades locales y las comunidades autónomas usen el superávit presupuestario de 2024 para financiar inversiones financieramente sostenibles en 2025, 2026 y 2027. También amplía el plazo para que los sistemas informáticos de facturación de empresarios y profesionales cumplan los requisitos del reglamento que los regula.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso del presidente del Gobierno contra dos preceptos de la Ley de Presupuestos de Canarias para 2025. Uno afecta a la ordenación sanitaria y otro a medidas tributarias, administrativas y sociales. Los preceptos quedan suspendidos desde el 30 de septiembre de 2025.

Modifica la normativa turística de las Illes Balears para controlar y limitar la oferta de alojamiento turístico, perseguir la oferta ilegal y mejorar la calidad del turismo. Incluye cambios en la Ley 3/2022 y medidas transitorias sobre plazas y viviendas.

Modifica la Ley de Presupuestos Generales de Euskadi para 2025. El cambio afecta al límite máximo de endeudamiento a largo plazo de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi para ese ejercicio, para ajustarlo a los objetivos de déficit y deuda acordados.

Modifica varias leyes de Castilla-La Mancha en materias administrativas y tributarias para aplicar los objetivos de los presupuestos de 2025. Ajusta normas sobre hacienda, archivos, educación, montes, patrimonio cultural, ordenación del territorio, infancia, integridad pública y juego.

Regula las autorizaciones de endeudamiento y avales de la Generalitat de Cataluña mientras no se aprueban los presupuestos de 2025 y se prorrogan los de 2023. También fija el incremento del indicador de renta de suficiencia de Cataluña (IRSC), que sirve para valorar la situación económica de las personas que piden prestaciones sociales.

La ley reúne medidas para simplificar y agilizar los trámites y procedimientos de las administraciones públicas de las Illes Balears. Modifica varias normas y regula la simplificación en sectores como agricultura, agua, educación, energía, medio ambiente, turismo y urbanismo, e impulsa la digitalización.

Corrige un error de votación en el Parlamento de las Illes Balears que aprobó por error 34 enmiendas de otro grupo. Deja sin efecto esos preceptos y restablece el contenido de varias leyes autonómicas sobre espacios naturales, agricultura, educación, empleo público, turismo, urbanismo y vivienda.

Aprueba los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2025: fija los gastos e ingresos de la Junta y de sus entes dependientes, regula las retribuciones del personal y las normas de gestión del gasto. También incluye normas tributarias y de relación con las entidades locales.

Modifica varias leyes de Castilla y León para aplicar los presupuestos de 2024. Incluye cambios en tributos propios y cedidos, tasas y precios públicos, hacienda pública, personal de la administración, subvenciones, urbanismo, vivienda, medio ambiente, pesca, caza y régimen local. También crea una autoridad independiente contra la corrupción.

Modifica trece leyes de La Rioja para adaptarlas a la normativa nacional y mejorar la gestión de los servicios públicos. Regula vivienda, economía social, ciencia, cooperación, educación, convivencia escolar, función pública, igualdad, presupuestos, universidades y juego.