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El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 18/2026, de 29 de junio, que adopta medidas dentro del Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio. La convalidación se hace conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

Modifica y amplía el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio aprobado en marzo de 2026. Ajusta impuestos sobre la energía y los carburantes, y extiende ayudas a agricultores, ganaderos, pescadores y transportistas.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, que aprueba el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio. La convalidación se hace conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

Aprueba un plan de respuesta a la crisis en Oriente Medio con medidas energéticas, económicas, tributarias, agrarias, pesqueras, de transporte y sociales. Incluye descuentos para consumidores eléctricos vulnerables, ayudas al bono social térmico y medidas para impulsar la electrificación y las renovables.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 5/2026, que adopta medidas urgentes para responder a los daños causados por fenómenos meteorológicos adversos, con especial afectación en Andalucía y Extremadura.

Establece ayudas y medidas urgentes para reparar los daños causados por lluvias, viento, nieve y otros fenómenos meteorológicos adversos, con especial incidencia en Andalucía y Extremadura. Incluye apoyos a personas, viviendas, empresas, explotaciones agrarias y pesqueras, ayuntamientos y medidas fiscales y de empleo.

Crea la Red Española de Espacios de Conocimiento para la Economía Azul (REECEA), un grupo de trabajo permanente y consultivo adscrito a la Secretaría General de Pesca. Reúne a entidades públicas y privadas expertas (los Espacios de Conocimiento para la Economía Azul) para impulsar la colaboración, el intercambio de experiencias y la transferencia de conocimiento en los sectores pesquero y acuícola.

Establece medidas urgentes para reducir la temporalidad en el empleo público de la Administración de Canarias y mejorar la gestión de los recursos humanos. Regula el acceso al empleo fijo, las listas de empleo temporal y la promoción interna temporal. Incluye también medidas de protección de la infancia en juegos de azar y apuestas.

Establece los grados A, B y C de formación profesional para títulos de las familias de Actividades Físicas y Deportivas, Comercio y Marketing y Marítimo-Pesquera. Regula el profesorado, la estancia en empresa, la duración, los espacios, el acceso y la titulación de estas ofertas formativas.

La ley reúne medidas para simplificar y agilizar los trámites y procedimientos de las administraciones públicas de las Illes Balears. Modifica varias normas y regula la simplificación en sectores como agricultura, agua, educación, energía, medio ambiente, turismo y urbanismo, e impulsa la digitalización.

Establece las bases para conceder ayudas a los armadores de buques pesqueros españoles que tengan que parar su actividad por medidas de urgencia de la Unión Europea. También convoca estas ayudas para 2024 por el cierre espacio-temporal previsto en la Orden APA/1200/2020.

Establece las bases para conceder ayudas a la liquidez a los armadores de buques afectados por la suspensión de la pesca del atún con caña en aguas de Senegal durante 2022. Las ayudas se otorgan en concurrencia competitiva y buscan compensar la pérdida de liquidez de estas empresas.

Modifica la normativa sobre títulos profesionales del sector pesquero para que los titulados de máquinas puedan seguir trabajando en su buque cuando una regularización de la flota aumente la potencia autorizada sin aumentar la potencia real. También ajusta la formación de los mecánicos navales.

Amplía hasta el 31 de diciembre de 2024 el plazo para conceder avales públicos a la financiación de empresas y autónomos, dentro de la línea creada por el Real Decreto-ley 6/2022 para responder a la guerra en Ucrania. También amplía los plazos de solicitud y concesión de avales para pesca, acuicultura y agricultura.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del presidente del Gobierno contra la Ley gallega 4/2023, de ordenación y gestión integrada del litoral. Declara nulos algunos preceptos sobre caladeros y vertido de aguas residuales, y da una interpretación conforme a la Constitución a otro sobre ocupación del dominio público por la cadena mar-industria.