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Concreta las ayudas al transporte ferroviario de mercancías previstas en dos reales decretos-leyes de 2026, para adaptarlas al marco temporal de ayudas de Estado aprobado por la Comisión Europea tras la crisis energética. Fija el periodo de referencia de costes y las situaciones en que no se puede cobrar la ayuda.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 18/2026, de 29 de junio, que adopta medidas dentro del Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio. La convalidación se hace conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

Modifica y amplía el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio aprobado en marzo de 2026. Ajusta impuestos sobre la energía y los carburantes, y extiende ayudas a agricultores, ganaderos, pescadores y transportistas.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 9/2026, de 14 de abril, sobre medidas urgentes en materia de transporte. La convalidación se acuerda conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

Establece medidas urgentes para el transporte de mercancías por carretera y por ferrocarril ante la subida de costes energéticos. Incluye ayudas directas a empresas ferroviarias y modifica la Ley 15/2009 del contrato de transporte terrestre de mercancías y la Orden FOM/1882/2012.

Establece el marco para fomentar una movilidad sostenible en España. Crea órganos de coordinación entre administraciones, instrumentos de planificación y un sistema de datos sobre movilidad. Regula también la planificación de infraestructuras, la innovación, la digitalización y un régimen sancionador.

Aprueba el Reglamento General de Carreteras, que regula la planificación, construcción, financiación, explotación y uso de las carreteras del Estado. Incluye la clasificación de las vías, los estudios y proyectos, las expropiaciones, las autorizaciones y el régimen de infracciones y sanciones.

Establece los requisitos que deben cumplir los buques y embarcaciones de recreo para cambiar de forma temporal del uso privado al comercial. La autorización se tramita por vía electrónica y tiene una duración máxima de cinco años, con despachos de hasta tres meses por año natural.

Establece la estructura orgánica básica de los 22 departamentos ministeriales, fijando los órganos superiores y directivos de cada uno. Desarrolla la reestructuración ministerial previa y regula la subsistencia de órganos, adscripciones y régimen transitorio.

Reorganiza la Administración General del Estado en 22 ministerios y fija las competencias y la estructura interna de cada uno. También adscribe organismos públicos a los nuevos departamentos y suprime los órganos que desaparecen.