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La ley regula en la Comunidad de Madrid el paso a un modelo de economía circular: reducir residuos, reutilizar y reciclar materiales. Establece la planificación y las competencias, medidas para empresas y contratación pública, cadenas de valor prioritarias y el régimen de residuos, inspección y sanciones.

Modifica varias leyes de la Comunitat Valenciana en materia de tasas e impuestos propios y cedidos, y en organización administrativa. También cambia normas sobre vivienda, servicios sociales, infancia, juego, función pública, educación, agricultura, medio ambiente y sanidad.

Modifica el Real Decreto 506/2013 sobre productos fertilizantes para incluir en su anexo I tipos de abonos que se habían omitido, en particular mezclas de micronutrientes y abonos sólidos simples a base de nitrato amónico con alto contenido de nitrógeno. También adapta las autorizaciones existentes.

Regula la gestión de residuos y los suelos contaminados en la Comunitat Valenciana para impulsar la economía circular. Crea la Agencia Valenciana de Residuos y Economía Circular y establece planes, obligaciones y objetivos de prevención, recogida y reciclaje.

Regula cómo se gestionan y controlan las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) en España y establece un régimen de infracciones y sanciones por incumplimientos. También fija normas sancionadoras en sectores agrarios conexos, como el aceite de oliva, la leche, la cría animal y la nutrición de suelos.

Crea el Registro General de las Mejores Técnicas Disponibles en Explotaciones ganaderas y el sistema informático ECOGAN para calcular, seguir y notificar las emisiones de la ganadería. También fija obligaciones para los titulares de explotaciones y modifica varias normas agrarias.

Regula la producción y gestión de residuos en España para avanzar hacia una economía circular. Establece la jerarquía de residuos, objetivos de prevención, reutilización y reciclado, y obligaciones para productores y gestores. Incluye medidas fiscales, normas sobre suelos contaminados y un régimen sancionador.

Ley de la Comunidad Autónoma de Galicia que reúne medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de 2022. Incluye cambios en el IRPF, el impuesto sobre el patrimonio y otros tributos, y modifica varias leyes autonómicas sobre empleo público, medio ambiente, medio rural, movilidad, mar, servicios sociales, vivienda, sanidad y universidades.

Establece que los orujos grasos que salen de las almazaras se consideren subproductos, y no residuos, cuando se destinan a extraer aceite de orujo de oliva crudo. Fija los requisitos que deben cumplir y las obligaciones de quien los produce y de quien los usa.

Establece el marco jurídico de la política ambiental de Euskadi: competencias y coordinación, información y participación pública, autorizaciones ambientales para actividades con incidencia en el medio ambiente, evaluación ambiental, inspección y régimen sancionador.

Establece las normas para dar una subvención directa a la Comunidad Autónoma de Aragón. El dinero financia trabajos de control y vigilancia de suelos contaminados por la antigua fabricación de lindano en Sabiñánigo (Huesca).

La ley regula en Galicia la producción y gestión de residuos y los suelos contaminados. Establece competencias, planificación, obligaciones de productores y gestores, autorizaciones, inspección y régimen sancionador.

Modifica los anexos I, III y VI del Real Decreto 506/2013 sobre productos fertilizantes. Incluye nuevos tipos de fertilizantes, aclara el concepto de aditivo, fija pautas para el uso de materias primas y divide el tipo 6.01 de enmienda orgánica húmica según su origen. También actualiza tolerancias y métodos de análisis.

Aprueba los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para 2020, fijando los ingresos y gastos del sector público autonómico. Incluye normas sobre gastos de personal, gestión del gasto, operaciones financieras y medidas tributarias.