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Establece medidas para garantizar la protección integral frente a las violencias sexuales. Incluye prevención y detección en ámbitos educativo, sanitario, laboral y digital, formación de profesionales, asistencia integral a las víctimas y actuación policial y judicial.

Modifica la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación para reforzar el sistema español de investigación. Cambia contratos laborales del personal investigador, crea la Agencia Espacial Española y regula planes de igualdad y financiación en I+D+I.

Aprueba las bases reguladoras y abre la convocatoria de 2022 de subvenciones para digitalizar y modernizar las Juntas Arbitrales de Consumo dependientes de administraciones locales y autonómicas. Estas ayudas se enmarcan en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Regula la concesión directa de una subvención a la Fundación ANAR para desarrollar actuaciones de prevención integral de la violencia contra niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia de género y otras formas de violencia contra las mujeres. Fija la entidad beneficiaria, las actuaciones y gastos financiables, el procedimiento, la cuantía, el pago y la justificación.

Establece normas para que las autoridades competentes puedan acceder e intercambiar información financiera con el fin de prevenir, detectar, investigar o enjuiciar delitos graves, como el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. Regula el acceso al Fichero de Titularidades Financieras y el intercambio de datos con organismos nacionales y europeos, con reglas de protección de datos.

Crea la Comisión Ministerial de Administración Digital del Ministerio de Igualdad y regula su composición y funciones. Este órgano coordina internamente las políticas de digitalización del departamento.

La ley regula el derecho a la igualdad de trato y a la no discriminación en España. Prohíbe la discriminación por motivos como nacimiento, raza, sexo, religión, edad o discapacidad en ámbitos como el empleo, la educación, la sanidad, la vivienda o los servicios. Crea la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación y fija infracciones y sanciones.

Establece las normas generales de la comunicación audiovisual en España: televisión, radio y plataformas de intercambio de vídeos. Regula los títulos para prestar estos servicios, el servicio público audiovisual, las obligaciones de los prestadores y el régimen sancionador.

Modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial para añadir un nuevo supuesto a la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo. Esta sala conocerá de las solicitudes del Gobierno para convalidar o revocar acuerdos de asunción o intervención de la gestión directa del servicio o de explotación de redes, previstos en la Ley General de Telecomunicaciones.