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La ley establece medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de Galicia de 2023. Incluye cambios en el IRPF, el impuesto sobre el patrimonio y tasas, y modifica normas sobre empleo público, medio ambiente, vivienda, medio rural, infraestructuras, política social, sanidad, industria, comercio e innovación.

La ley reúne medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat Valenciana. Modifica tasas propias y tributos cedidos, y cambia normas en materias como vivienda, servicios sociales, educación, sanidad, justicia, agricultura y movilidad. También reorganiza entes del sector público autonómico.

Establece las normas para aplicar penalizaciones a las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) en España durante 2023-2027. Regula cuándo y cómo se reducen o retiran estas ayudas si se incumplen requisitos, y modifica varios reales decretos sobre la aplicación de la PAC.

Modifica la Ley 13/2011 de regulación del juego para reforzar la protección de los menores y de los participantes, prevenir conductas adictivas y luchar contra el fraude y la manipulación de competiciones deportivas. Añade funciones de evaluación a la Dirección General de Ordenación del Juego y cambia también la ley de consumidores.

La ley busca facilitar la creación de nuevas empresas y reducir los obstáculos que frenan su crecimiento. Para ello modifica normas sobre sociedades, unidad de mercado, contratos públicos y morosidad, y regula las plataformas de financiación participativa.

Establece normas para que las autoridades competentes puedan acceder e intercambiar información financiera con el fin de prevenir, detectar, investigar o enjuiciar delitos graves, como el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. Regula el acceso al Fichero de Titularidades Financieras y el intercambio de datos con organismos nacionales y europeos, con reglas de protección de datos.

Establece las normas generales de la comunicación audiovisual en España: televisión, radio y plataformas de intercambio de vídeos. Regula los títulos para prestar estos servicios, el servicio público audiovisual, las obligaciones de los prestadores y el régimen sancionador.

Regula el trabajo a distancia y el teletrabajo en las empresas. Establece que debe haber un acuerdo escrito entre empresa y persona trabajadora, y fija derechos como formación, equipos, compensación de gastos, horario flexible, desconexión digital y protección de datos.

Modifica varias normas tributarias para incorporar al derecho español una directiva europea contra la elusión fiscal y para reforzar el control y la lucha contra el fraude fiscal. También regula aspectos del juego y del tabaco.

Establece un sistema de protección integral para niños, niñas y adolescentes frente a cualquier forma de violencia. Regula derechos de las víctimas, deberes de comunicación, prevención, detección y actuación en ámbitos familiar, educativo, sanitario, social, digital y deportivo.

Regula cómo las autoridades competentes tratan datos personales para prevenir, detectar, investigar y enjuiciar delitos y ejecutar sanciones penales. Adapta al ordenamiento español la Directiva (UE) 2016/680 y fija principios, derechos de las personas, obligaciones de los responsables y régimen sancionador.

La ley actualiza la normativa de ordenación del territorio y urbanismo de Castilla-La Mancha. Introduce principios de desarrollo sostenible y simplifica los trámites administrativos urbanísticos, con medidas para impulsar la actividad económica, especialmente en zonas rurales.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, sobre medidas sociales de refuerzo y consolidación en defensa del empleo. Ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Prorroga los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) vinculados a la pandemia y mantiene las medidas de protección de las personas trabajadoras. También regula prestaciones extraordinarias de cese de actividad para trabajadores autónomos afectados por la crisis.

Modifica el reglamento de la Ley del Cine para que las personas físicas del sector se relacionen con el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales solo por medios electrónicos. También obliga a todas las salas de cine a controlar la asistencia y declarar rendimientos mediante el procedimiento ordinario de los «Buzones».

Establece medidas urgentes para impulsar la actividad económica y simplificar la administración pública en las Illes Balears ante la crisis de la COVID-19. Incluye cambios en licencias de obras, ayudas, contratación de personal, compras sanitarias y normas fiscales y presupuestarias.

Establece medidas procesales y organizativas para la Administración de Justicia tras el estado de alarma por el COVID-19. Regula la tramitación de procedimientos, aspectos concursales y societarios, y el uso de medios telemáticos en los actos judiciales.