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La ley establece medidas para simplificar los trámites administrativos en Cantabria. Regula los plazos para resolver procedimientos, el silencio administrativo, los informes sectoriales y la declaración responsable para actividades económicas. También crea los Proyectos Empresariales Estratégicos y la Unidad Aceleradora de Proyectos.

La ley reúne medidas para simplificar y agilizar los trámites y procedimientos de las administraciones públicas de las Illes Balears. Modifica varias normas y regula la simplificación en sectores como agricultura, agua, educación, energía, medio ambiente, turismo y urbanismo, e impulsa la digitalización.

Establece el marco para simplificar los trámites y procedimientos de la Administración de la Comunitat Valenciana. Crea órganos y planes de simplificación, regula el Canal Empresa, la carpeta ciudadana y el uso de nuevas tecnologías, y modifica normas en muchas materias.

Modifica varias leyes de Castilla y León para aplicar los presupuestos de 2024. Incluye cambios en tributos propios y cedidos, tasas y precios públicos, hacienda pública, personal de la administración, subvenciones, urbanismo, vivienda, medio ambiente, pesca, caza y régimen local. También crea una autoridad independiente contra la corrupción.

Esta ley de la Comunidad Autónoma de Galicia reúne medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de 2024. Incluye cambios en impuestos cedidos, como deducciones en el IRPF para familias, y modifica normas sobre empleo público, vivienda, medio rural, aguas, transporte, pesca, servicios sociales, sanidad y comercio.

Modifica varias leyes de la Comunidad de Madrid para impulsar la actividad económica y modernizar la Administración. Cambia normas sobre hacienda, tasas, urbanismo, medio ambiente, carreteras, juego, entidades locales, servicios sociales, deporte y organización administrativa.

La ley aprueba medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de Galicia de 2021. Incluye bonificaciones en la tasa de juegos de azar por la pandemia y beneficios fiscales en la compra de vivienda habitual para víctimas de violencia de género, además de modificar varias leyes autonómicas.