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Adapta al derecho español varias directivas de la Unión Europea. Regula los bonos garantizados que emiten los bancos, la venta transfronteriza de fondos de inversión, la reutilización de datos del sector público, los derechos de autor en internet, ciertas exenciones de IVA, la protección de las personas consumidoras y el fomento de vehículos de transporte limpios.

Crea una línea de ayudas directas para autónomos y empresas afectadas por la COVID-19, una línea para reestructurar deuda financiera con aval público y un fondo de recapitalización de empresas. También amplía plazos de préstamos avalados y modifica varias normas.

Regula el trabajo a distancia en las empresas, incluyendo el teletrabajo. Establece que debe ser voluntario y acordarse por escrito entre empresa y persona trabajadora, y fija los derechos de quien trabaja fuera del centro de trabajo.