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Regula cómo se organiza la Administración Digital del Estado y qué órganos e instrumentos intervienen. Crea la Agencia Estatal de Administración Digital y fija el modelo de gobernanza de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Establece la planificación y los informes técnicos en la contratación de estas tecnologías.

Modifica el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales para que los ayuntamientos comuniquen al Instituto Nacional de Estadística (INE) los cambios del padrón municipal en tiempo real, en lugar de cada mes. También prevé la interconexión entre los padrones y el INE.

Establece el régimen general de las telecomunicaciones en España: regula el suministro de redes y la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas en libre competencia, las obligaciones de servicio público y el servicio universal, el dominio público radioeléctrico, los derechos de los usuarios finales y las tasas y sanciones del sector.

Modifica el Real Decreto 581/2017 para ajustar el procedimiento de reconocimiento de cualificaciones profesionales en España a la normativa europea. Añade la obligación de informar al solicitante, en el plazo de un mes, de los documentos que falten en su expediente y amplía el plazo para subsanarlos.

Establece un sistema de protección integral para niños, niñas y adolescentes frente a cualquier forma de violencia. Regula derechos de las víctimas, deberes de comunicación, prevención, detección y actuación en ámbitos familiar, educativo, sanitario, social, digital y deportivo.

Establece medidas para modernizar la Administración Pública y gestionar los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Crea estructuras de gobernanza, instrumentos de gestión y normas para agilizar convenios, subvenciones y contratos vinculados a esos fondos.