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Crea la Agencia de Transformación Digital de Castilla-La Mancha como organismo autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propios, dependiente de la consejería competente en digitalización. Además modifica varias leyes autonómicas en materias administrativas para complementar los objetivos de los presupuestos de 2024.

Establece medidas para tramitar más rápido los procedimientos administrativos de la Junta de Castilla-La Mancha relacionados con los fondos europeos de recuperación. Regula la organización de los órganos que los gestionan, la tramitación de convenios, subvenciones y contratos, el control del gasto y el refuerzo de personal.

La ley establece medidas para frenar la despoblación y desarrollar el medio rural en Castilla-La Mancha. Define qué zonas son rurales y cómo se clasifican según su población. Crea estrategias regionales y regula el acceso a servicios públicos en esas zonas.

La ley actualiza la normativa de ordenación del territorio y urbanismo de Castilla-La Mancha. Introduce principios de desarrollo sostenible y simplifica los trámites administrativos urbanísticos, con medidas para impulsar la actividad económica, especialmente en zonas rurales.

Regula el sistema de investigación, desarrollo e innovación de Castilla-La Mancha. Crea la Agencia de Investigación e Innovación regional y ordena el Plan Regional de I+D+i, los agentes del sistema y las medidas de fomento, protección y transferencia de resultados.

La ley aprueba los presupuestos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2020: fija los ingresos previstos y autoriza los gastos de la administración regional y sus organismos. También establece normas para ejecutar el presupuesto, gestionar el personal, las operaciones financieras y algunas medidas tributarias.