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Modifica el Código Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil para dejar de tratar a los animales como cosas y reconocerlos como seres vivos dotados de sensibilidad. Cambia su clasificación jurídica y las reglas sobre bienes y procesos judiciales que les afectan.

Regula la concesión directa de subvenciones a entidades del Tercer Sector para proyectos de innovación e investigación. Estos proyectos buscan modernizar los servicios sociales y los modelos de atención a personas mayores, infancia y personas sin hogar, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Modifica la Ley de salud pública de las Illes Balears y el régimen sancionador frente a incumplimientos de las normas dictadas durante la crisis de la COVID-19. Crea la Agencia de Salud Pública de las Illes Balears y regula su estructura, economía y personal.

Regula la concesión directa de una subvención a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para modernizar y ampliar los dispositivos de atención y protección a las víctimas de violencia machista. La FEMP gestiona el servicio telefónico ATENPRO, que atiende a las víctimas las 24 horas.

Autoriza la concesión directa de una subvención a la entidad «Diálogo, Asociación de Amistad Hispano-Francesa» para incentivar que jóvenes de nacionalidad francesa o franco-española cursen estudios de grado y postgrado en España. La norma fija las actuaciones a financiar, el plazo de ejecución, el procedimiento de concesión, las obligaciones de la entidad beneficiaria y el régimen de justificación y reintegro.

Establece medidas urgentes para proteger a los consumidores frente a la subida de precios de la electricidad y el gas natural. Aumenta los descuentos del bono social eléctrico y mejora el bono social térmico, y refuerza la transparencia y supervisión en los mercados mayorista y minorista de electricidad y gas.

Establece las bases reguladoras para conceder subvenciones a entidades del Tercer Sector de Acción Social que realicen actividades de interés general consideradas de interés social. Estas ayudas se financian con la asignación tributaria del IRPF y las gestiona la Secretaría de Estado de Derechos Sociales.

Establece las bases para conceder subvenciones, en concurrencia competitiva, a entidades de protección animal sin ánimo de lucro. Regula quién puede solicitarlas, cómo se presentan y valoran las solicitudes, qué gastos se cubren y cómo se paga y justifica el dinero.

Crea el Consejo Estatal de Participación de la Infancia y de la Adolescencia, un órgano permanente de consulta y participación adscrito al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. El Consejo canaliza las opiniones de niñas, niños y adolescentes ante las instituciones públicas y participa en planes y normas que les afectan.

Establece las bases reguladoras para conceder subvenciones a actividades que promuevan e implementen la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en España. Fija los requisitos de las entidades beneficiarias, el procedimiento de concesión, los criterios de valoración y las obligaciones de justificación y control.

Establece un sistema de protección integral para niños, niñas y adolescentes frente a cualquier forma de violencia. Regula derechos de las víctimas, deberes de comunicación, prevención, detección y actuación en ámbitos familiar, educativo, sanitario, social, digital y deportivo.

Reforma el Código Civil y las leyes procesales para que las personas con discapacidad tomen sus propias decisiones, con apoyos en lugar de sustituciones. Sustituye la tutela por medidas como la curatela, la guarda de hecho y los apoyos voluntarios, y adapta la ley a la Convención de la ONU sobre derechos de las personas con discapacidad.

Regula cómo las autoridades competentes tratan datos personales para prevenir, detectar, investigar y enjuiciar delitos y ejecutar sanciones penales. Adapta al ordenamiento español la Directiva (UE) 2016/680 y fija principios, derechos de las personas, obligaciones de los responsables y régimen sancionador.