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Establece las bases para conceder subvenciones, en concurrencia competitiva, a entidades que colaboren en ejecutar y seguir las medidas alternativas a la prisión y ciertos programas de atención social. Regula quién puede pedirlas, cómo se solicitan, valoran y justifican, y cómo se controlan y reintegran.

Regula la concesión directa de una subvención a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para gestionar el Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de la violencia de género (ATENPRO). Establece las actuaciones financiadas, las beneficiarias del servicio, la financiación, el procedimiento de concesión y pago, y las obligaciones de la entidad beneficiaria.

Establece medidas fiscales, financieras, administrativas y de sector público para completar los presupuestos de la Generalidad de Cataluña de 2020. Crea y regula el impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente y modifica varios tributos propios y cedidos.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 12/2020, de 31 de marzo, que establece medidas urgentes de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género. Ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

La ley foral aprueba medidas extraordinarias en Navarra para responder al impacto de la crisis sanitaria del coronavirus. Regula la contratación pública, las subvenciones, los centros sociosanitarios, los recursos para víctimas de violencia de género, la vivienda protegida y aspectos fiscales como la suspensión de plazos y el aplazamiento de deudas tributarias.

Crea y modifica programas de ayuda del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 para paliar el impacto del COVID-19 en el alquiler de vivienda habitual. Incluye ayudas directas al alquiler, préstamos sin intereses avalados por el Estado y apoyo a personas en situación de desahucio o sin hogar.

Declara servicios esenciales los servicios de asistencia y protección a las víctimas de violencia de género durante el estado de alarma por el COVID-19. Regula su funcionamiento, el seguimiento telemático de medidas cautelares y el uso de fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.