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El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad presentado por la Generalitat de Cataluña contra varios preceptos de la Ley 12/2023, por el derecho a la vivienda. Declara que parte del proceso ha perdido objeto porque esos preceptos ya fueron juzgados en sentencias anteriores, y se pronuncia sobre la constitucionalidad de los preceptos relativos a la actividad del Estado en subvenciones de vivienda.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del Parlamento de Cataluña contra varios artículos de la Ley 12/2023, por el derecho a la vivienda. Declara que parte del proceso ha perdido objeto por sentencias anteriores y examina si los preceptos restantes respetan las competencias autonómicas en vivienda y urbanismo.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de la Comunidad de Madrid contra varios artículos de la Ley 12/2023, por el derecho a la vivienda. Declara constitucionales los preceptos sobre el derecho a disfrutar de una vivienda digna y sobre las viviendas asequibles incentivadas, y aprecia pérdida parcial de objeto en otros puntos.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del Gobierno de las Illes Balears contra varios artículos de la Ley 12/2023, por el derecho a la vivienda. Declara constitucionales los preceptos que permiten usar suelos dotacionales para vivienda pública, imponen publicidad y transparencia en la demanda de vivienda y fijan requisitos para las demandas de desahucio de grandes tenedores.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos de la Ley del Parlamento de Cataluña 1/2022, que modificó normas sobre vivienda para afrontar la emergencia habitacional. La sentencia anula en parte el precepto autonómico que regula la expropiación forzosa de viviendas y declara la pérdida parcial de objeto respecto a preceptos ya anulados por una sentencia anterior.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso contra la Ley del Parlamento de Cataluña 1/2022, que modificaba normas de vivienda para afrontar la emergencia habitacional. Anula varios preceptos autonómicos por invadir competencias estatales sobre condiciones básicas de igualdad, legislación procesal y obligaciones contractuales.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad presentado por la Junta de Andalucía contra varios artículos de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda. La sentencia analiza si esos preceptos invaden competencias autonómicas en vivienda, urbanismo, ordenación del territorio, régimen local y servicios sociales, y si respetan las condiciones básicas de igualdad y la seguridad jurídica.

El Tribunal Constitucional desestima el recurso de inconstitucionalidad contra dos incisos de la disposición final primera del Real Decreto-ley 1/2021. La sentencia avala que el juez pueda suspender el lanzamiento de la vivienda habitual de personas sin título que la habitan, también en procesos penales, y que no se aplique la excepción cuando la entrada o permanencia se produjo con intimidación o violencia.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra varios incisos del Real Decreto-ley 1/2021 que permiten al juez suspender el lanzamiento de la vivienda habitual en procesos penales cuando la habitan personas sin título y en situación de vulnerabilidad. La sentencia analiza si esos incisos respetan los límites del decreto-ley y los derechos de propiedad y tutela judicial.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del presidente del Gobierno contra el artículo 4 del Decreto-ley catalán 50/2020, que añadía un apartado al artículo 9 de la Ley 11/2020 sobre contención de rentas en alquiler de vivienda. El tribunal declara nulo ese precepto por invadir competencias estatales sobre las bases de las obligaciones contractuales.

El Tribunal Constitucional anula varios apartados del Decreto-ley catalán 37/2020, que exigía acreditar una oferta de alquiler social antes de iniciar acciones judiciales de desahucio o ejecución hipotecaria. El tribunal considera que esa exigencia regula materia procesal, competencia exclusiva del Estado.