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Establece el marco para simplificar los trámites y procedimientos de la Administración de la Comunitat Valenciana. Crea órganos y planes de simplificación, regula el Canal Empresa, la carpeta ciudadana y el uso de nuevas tecnologías, y modifica normas en muchas materias.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 1.1 del Decreto-ley 5/2021 de las Illes Balears, que modificaba la Ley de salud pública autonómica. Declara nulos los preceptos que habilitaban a órganos autonómicos a adoptar medidas preventivas y tipificar infracciones en salud pública, por invadir límites materiales de los decretos-leyes autonómicos.

Esta orden deroga la norma de 1984 que regulaba el reconocimiento de interés sanitario para actos científicos. Ese procedimiento nacional queda suprimido porque las comunidades autónomas ya regulan esta materia y la acreditación de la formación continuada de los profesionales sanitarios.

Modifica la norma que regula la tarjeta sanitaria individual para permitir que las autoridades sanitarias emitan, además de la tarjeta física, una tarjeta sanitaria virtual. La tarjeta virtual podrá sustituir a la física si la persona titular está de acuerdo. Se fija un plazo para adaptar técnicamente las tarjetas virtuales ya existentes.

Este decreto-ley reúne medidas para simplificar y racionalizar los trámites y la normativa de las administraciones públicas de las Illes Balears. Modifica varias leyes y regula por sectores como agricultura, agua, educación, energía, movilidad, medio ambiente, turismo y urbanismo, e impulsa la digitalización.

El Tribunal Constitucional desestima el recurso de inconstitucionalidad presentado por 52 diputados contra varios preceptos de la Ley Orgánica 1/2023, que modificó la ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo. Declara que esos preceptos son conformes con la Constitución.

Modifica varias leyes de Castilla y León para aplicar los presupuestos de 2024. Incluye cambios en tributos propios y cedidos, tasas y precios públicos, hacienda pública, personal de la administración, subvenciones, urbanismo, vivienda, medio ambiente, pesca, caza y régimen local. También crea una autoridad independiente contra la corrupción.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-ley 3/2024 de la Junta de Andalucía, que adopta medidas de simplificación y racionalización administrativa y de impulso de la actividad económica. El recurso lo presentan más de cincuenta senadores del Grupo Parlamentario Socialista.

Esta ley de la Comunidad Autónoma de Galicia reúne medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de 2024. Incluye cambios en impuestos cedidos, como deducciones en el IRPF para familias, y modifica normas sobre empleo público, vivienda, medio rural, aguas, transporte, pesca, servicios sociales, sanidad y comercio.

La ley regula la salud pública en Euskadi: fija los derechos y deberes de la ciudadanía, las actuaciones sobre los factores que influyen en la salud, la organización del sistema de salud pública y crea el Instituto Vasco de Salud Pública. También establece prestaciones, vigilancia, prevención y un régimen sancionador.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos de la Ley Orgánica 1/2023, que modificó la ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo. El recurso lo presentaron cincuenta diputados.

Modifica varias leyes de la Comunidad de Madrid para impulsar la actividad económica y modernizar la Administración. Cambia normas sobre hacienda, tasas, urbanismo, medio ambiente, carreteras, juego, entidades locales, servicios sociales, deporte y organización administrativa.

Modifica la ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo. Añade medidas sobre salud menstrual, anticoncepción, educación sexual y formación de profesionales. También regula la actuación frente al aborto forzoso y la gestación por sustitución.

La ley regula la igualdad real y efectiva de las personas trans y la garantía de los derechos de las personas LGTBI. Establece medidas de los poderes públicos en ámbitos como el laboral, la salud, la educación, la cultura, el deporte, los medios de comunicación, la familia, la acción exterior, el medio rural y el turismo. También regula la rectificación registral de la mención al sexo, la protección frente a la discriminación y la LGTBIfobia, y un régimen de infracciones y sanciones.

Establece el marco jurídico de la alerta sanitaria en Canarias y las medidas para controlar y gestionar la pandemia de COVID-19. Regula medidas generales de prevención (mascarillas, distancia, aforos, cuarentenas, pruebas, rastreo) y un sistema de cuatro niveles de alerta con medidas según cada nivel.

Regula la concesión directa de una subvención a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para promover estilos de vida saludable mediante la creación o rehabilitación de entornos saludables. Se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y fija las actuaciones, gastos, cuantía, pago y justificación.

Establece el marco jurídico de la alerta sanitaria en Canarias para controlar la pandemia de COVID-19. Fija medidas generales de prevención (mascarillas, distancia, aforos, cuarentenas) y un sistema de cuatro niveles de alerta con medidas según la situación epidemiológica.

Establece el marco para gestionar la pandemia de COVID-19 en Euskadi: declara situaciones de emergencia sanitaria, fija niveles de alerta con medidas según cada nivel, regula el sistema de información de salud, rastreo de contagios y un régimen sancionador.

Actualiza la lista de medicamentos considerados esenciales para gestionar la crisis sanitaria del COVID-19. Los fabricantes y titulares de autorización de estos medicamentos deben comunicar a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios su stock, lo suministrado y la previsión de lotes.