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Regula la concesión directa y excepcional de subvenciones del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a entidades del Tercer Sector de Acción Social y otras entidades. Establece el procedimiento, los gastos subvencionables, las obligaciones de las beneficiarias y el reintegro.

Modifica varias tasas y tributos propios de la Generalitat de Cataluña, como el canon del agua, el impuesto sobre las emisiones de CO2 de vehículos, el impuesto sobre estancias turísticas y el impuesto sobre viviendas vacías. También introduce medidas financieras, de contratación pública, de personal y de organización del sector público para 2023.

El Tribunal Constitucional anula varios apartados del Decreto-ley catalán 37/2020, que exigía acreditar una oferta de alquiler social antes de iniciar acciones judiciales de desahucio o ejecución hipotecaria. El tribunal considera que esa exigencia regula materia procesal, competencia exclusiva del Estado.

Regula la concesión directa de subvenciones a entidades del Tercer Sector para proyectos de innovación e investigación. Estos proyectos buscan modernizar los servicios sociales y los modelos de atención a personas mayores, infancia y personas sin hogar, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 23/2021, de medidas urgentes en materia de energía. La norma busca proteger a los consumidores y dar transparencia a los mercados mayorista y minorista de electricidad y gas natural.

Establece medidas urgentes para proteger a los consumidores frente a la subida de precios de la electricidad y el gas natural. Aumenta los descuentos del bono social eléctrico y mejora el bono social térmico, y refuerza la transparencia y supervisión en los mercados mayorista y minorista de electricidad y gas.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad del presidente del Gobierno contra el Decreto-ley de la Generalitat de Cataluña 37/2020, de 3 de noviembre, sobre protección del derecho a la vivienda ante la pandemia de COVID-19.

Modifica el Decreto ley 6/2020 de Canarias, que creó el Ingreso Canario de Emergencia y flexibilizó la tramitación de la Prestación Canaria de Inserción para personas en situación de vulnerabilidad por el COVID-19. El cambio se aprueba mediante un artículo único y una disposición final sobre su entrada en vigor.

Publica el listado de entidades del Tercer Sector que actúan como mediadores sociales colaboradores de la Administración General del Estado. Estas entidades pueden certificar la situación de consumidor vulnerable o vulnerable severo para evitar el corte de luz, gas y agua.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, que establece medidas urgentes frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica en vivienda y transportes. Ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Modifica el Real Decreto-ley 11/2020 para ampliar medidas de protección de arrendatarios vulnerables, como la suspensión de desahucios y lanzamientos. También regula el reequilibrio económico de contratos públicos de transporte de viajeros por carretera y modifica la ley de defensa de consumidores.

Modifica la Ley 24/2015 de Cataluña para reforzar la protección de las personas en riesgo de exclusión residencial. Mientras dure la pandemia, impide el desalojo si el gran tenedor no ha ofrecido antes un alquiler social.

Regula la concesión directa de subvenciones a cuatro entidades (Fundación CEPAIM, Cruz Roja Española, Fundación Secretariado Gitano y Federación Española de Universidades Populares) para desarrollar el programa SARA. Este programa se dirige a mujeres en situación de especial vulnerabilidad, como migrantes, de etnia gitana, jóvenes y mayores de 45 años.

Modifica la Ley 19/2017 de renta valenciana de inclusión para adaptarla a la entrada en vigor del ingreso mínimo vital estatal. Reordena y cambia artículos y títulos de esa ley y añade nuevas prestaciones económicas.

Crea y modifica programas de ayuda del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 para paliar el impacto del COVID-19 en el alquiler de vivienda habitual. Incluye ayudas directas al alquiler, préstamos sin intereses avalados por el Estado y apoyo a personas en situación de desahucio o sin hogar.

La Instrucción establece que el Ministerio de Defensa apoye al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 durante el estado de alarma por el COVID-19. El apoyo se centra en la protección de las personas sin hogar y de los asentamientos chabolistas, siguiendo las órdenes e instrucciones de ese Ministerio.