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Regula la concesión directa de una subvención a la Fundación «Manuel Giménez Abad» para organizar seminarios, congresos, jornadas, diálogos y publicaciones sobre el modelo territorial español. La ayuda se canaliza mediante un convenio con el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

La ley modifica normas de la Generalitat Valenciana en varias materias: tributos propios y cedidos, vivienda, cooperativas, urbanismo, función pública, sanidad, servicios sociales, educación, agricultura, justicia, emergencias e industria. También reorganiza entes del sector público autonómico.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad presentado por la Generalitat de Cataluña contra varios preceptos de la Ley 12/2023, por el derecho a la vivienda. Declara que parte del proceso ha perdido objeto porque esos preceptos ya fueron juzgados en sentencias anteriores, y se pronuncia sobre la constitucionalidad de los preceptos relativos a la actividad del Estado en subvenciones de vivienda.

La ley reúne medidas para reducir y simplificar la normativa de la Generalitat Valenciana, agilizar trámites administrativos y garantizar la unidad de mercado. También regula el apoyo a empresas emergentes y a la investigación, y contiene medidas en servicios sociales, vivienda, sanidad, educación, medio ambiente, industria y turismo.

Regula los archivos, la gestión de documentos y el patrimonio documental de Navarra. Establece cómo se protegen, organizan, conservan y difunden los documentos públicos y privados de interés para la comunidad. Crea el Sistema Archivístico de Navarra y fija reglas de acceso, inspección y sanciones.

La ley regula la transparencia de la actividad pública en Euskadi. Establece obligaciones de publicidad activa, el derecho de acceso a la información pública y cauces de participación ciudadana. También crea la Autoridad Vasca de Transparencia-Gardena y un régimen sancionador.

La ley regula la simplificación administrativa en La Rioja: reduce trámites y cargas para ciudadanos y empresas, ordena la intervención administrativa, impulsa la transformación digital y fija reglas de calidad normativa y un régimen sancionador.

Modifica dos leyes forales de Navarra sobre transparencia y buen gobierno y sobre la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción. Incluye a esta Oficina entre los sujetos obligados por la ley de transparencia y ajusta las obligaciones de publicidad activa. También regula los grupos de interés y el mandato de los miembros del Consejo de Transparencia.

Modifica la Ley 4/2015 que regula el paso de un gobierno a otro en Extremadura. Cambia las reglas sobre cómo actúa el gobierno saliente mientras se forma el nuevo.

La ley aprueba los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2026. Fija los gastos e ingresos de la administración autonómica y de sus entes públicos, y regula cómo se pueden modificar los créditos, las retribuciones del personal y las operaciones de deuda.

La ley aprueba medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de Galicia de 2026. Incluye cambios en tributos cedidos, tasas y precios públicos, y modificaciones de normas sobre seguridad, medio ambiente, educación, política social, empleo público, vivienda, sanidad, cultura y medio rural.

Regula el derecho de la ciudadanía a participar en las decisiones y políticas de la Administración de Cantabria. Crea procesos como deliberación participativa, iniciativa ciudadana, presupuestos participativos y consultas, además de un Portal y un Programa de Participación Ciudadana.

Modifica la Ley 26/2010 de régimen jurídico de las administraciones públicas de Cataluña. Regula la cita previa en la atención presencial, amplía el derecho a una buena administración y reconoce el derecho a rectificar errores ante la Administración.

Regula la concesión directa de una subvención al Observatorio de Derecho Público IDP Barcelona para organizar seminarios, congresos, jornadas y publicaciones sobre el modelo territorial español, incluido el Foro de las Autonomías, el Informe de Comunidades Autónomas anual y el Anuario del Gobierno Local.

Declara oficialmente el 20 de diciembre de cada año como «Día del Justicia de Aragón». Añade esta fecha a la Ley que regula la institución y prevé actos conmemorativos organizados por las Cortes, el Gobierno de Aragón y el Justicia.

La ley regula el desarrollo y uso de la inteligencia artificial en la Administración pública gallega. Establece principios generales, derechos de la ciudadanía, órganos de gobernanza, planificación y un procedimiento para definir, aprobar e implantar proyectos de inteligencia artificial. También incluye medidas económicas, fiscales, de I+D+i y de formación.

La ley regula cómo la Administración de Castilla-La Mancha simplifica, agiliza y digitaliza sus procedimientos administrativos. Crea órganos de coordinación, un catálogo de procedimientos y un régimen para entidades colaboradoras y para la Administración digital, incluida la inteligencia artificial.

Regula cómo se determina qué organizaciones profesionales agrarias son más representativas en Castilla-La Mancha. Fija los requisitos para solicitar el reconocimiento y el procedimiento para medir esa representatividad, y deroga la normativa anterior.