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La ley regula los derechos de las personas LGBTI en Cataluña y las medidas para prevenir y erradicar la LGBTI-fobia. Establece derechos, obligaciones de los poderes públicos, una red de servicios de atención integral y un régimen de infracciones y sanciones.

La ley regula la atención a las personas con discapacidad en Navarra y la garantía de sus derechos. Aborda la no discriminación, la autonomía personal, la salud, los servicios sociales, la educación inclusiva, el empleo, la accesibilidad y la participación. También crea un régimen sancionador.

Desarrolla y aplica en Aragón la Ley 1/2021 de simplificación administrativa. Regula el silencio positivo, el plazo de resolución de tres meses y la sustitución de autorizaciones previas por declaraciones responsables o comunicaciones. Modifica varias leyes autonómicas para adaptar sus procedimientos.

Regula la atención y protección de los niños, niñas y adolescentes en Navarra y la promoción de sus familias, derechos e igualdad. Establece los derechos de los menores, la organización administrativa, las actuaciones de prevención, el sistema de protección ante riesgo y desamparo y las actuaciones en justicia juvenil.

La ley aprueba medidas fiscales y administrativas que acompañan a los presupuestos de Cantabria de 2022. Modifica tasas propias y tributos cedidos, y cambia varias leyes autonómicas sobre servicios sociales, empleo, salud, medio ambiente, turismo, consumo y transporte, entre otras.

Modifica la Ley de salud pública de las Illes Balears y el régimen sancionador frente a incumplimientos de las normas dictadas durante la crisis de la COVID-19. Crea la Agencia de Salud Pública de las Illes Balears y regula su estructura, economía y personal.

Modifica varias leyes de La Rioja para adaptar impuestos y normas administrativas al año 2021. Incluye cambios en tributos cedidos y propios, educación, menores, servicios sociales, urbanismo y función pública, entre otros.

La ley regula el tercer sector social en Castilla-La Mancha: define qué entidades lo forman, sus obligaciones y principios, y crea cauces de diálogo y participación con la Administración. También establece medidas de promoción y colaboración con estas entidades.

Establece medidas especiales de recursos humanos para garantizar el funcionamiento de los servicios sociales durante el estado de alarma por el COVID-19. Permite al Imserso y a las comunidades autónomas imponer servicios extraordinarios y reasignar personal en centros públicos y privados de servicios sociales.