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El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 8/2024, que adopta medidas urgentes complementarias dentro del Plan de respuesta inmediata, reconstrucción y relanzamiento frente a los daños causados por la DANA entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024 en varios municipios.

Establece medidas urgentes para paliar los daños de la DANA de octubre y noviembre de 2024. Incluye ayudas para renovar vehículos dañados, financiación para pymes y empresas turísticas, apoyo al comercio internacional y medidas procesales, energéticas, educativas, culturales y deportivas.

Regula la concesión directa y excepcional de subvenciones del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a entidades del Tercer Sector de Acción Social y otras entidades. Establece el procedimiento, los gastos subvencionables, las obligaciones de las beneficiarias y el reintegro.

Regula el derecho de defensa de las personas en cualquier situación de controversia jurídica, con especial atención al ámbito penal. Fija su contenido, las garantías de la asistencia jurídica y los deberes y garantías de los profesionales de la abogacía.

Regula la concesión directa de varias subvenciones del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes a entidades concretas que colaboran en fines educativos. Las subvenciones no se otorgan por concurrencia competitiva porque corresponden a programas en funcionamiento vinculados a esas entidades. Se dirige a poblaciones vulnerables económica y socialmente.

Modifica el Código del Derecho Foral de Aragón para adaptar la regulación de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad a la Convención de la ONU de 2006. Cambia las normas sobre tutela, curatela, guarda de hecho y medidas de apoyo en los libros de Derecho de la Persona, Familia y Sucesiones.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-ley 3/2024 de la Junta de Andalucía, que adopta medidas de simplificación y racionalización administrativa y de impulso de la actividad económica. El recurso lo presentan más de cincuenta senadores del Grupo Parlamentario Socialista.

Establece las bases para conceder subvenciones públicas a proyectos de apoyo a mujeres y niñas víctimas de trata con fines de explotación sexual, y a sus hijos e hijas menores o con discapacidad. Regula requisitos de las entidades, procedimiento, gastos subvencionables y justificación.

El Tribunal Constitucional anula la disposición adicional segunda de la Ley de la Asamblea de Madrid 1/2023, que exigía tramitar un procedimiento de jurisdicción voluntaria para obtener autorización judicial antes de cualquier actuación que afectara al derecho a la vida de personas con discapacidad con apoyo representativo. El tribunal considera que la norma autonómica invade competencias estatales sobre legislación procesal y civil.

Aprueba el reglamento que fija cómo se usa la lengua de signos española y los medios de apoyo a la comunicación oral para personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas. Regula su aprendizaje, su uso en transportes, administraciones, participación política y medios de comunicación, y la atención a la sordoceguera.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad presentado por diputados contra varios preceptos de la LOMLOE, que modifica la ley de educación. La sentencia analiza la constitucionalidad de la regulación sobre enseñanza de la religión, uso de lenguas cooficiales, escolarización del alumnado con necesidades especiales y tramitación parlamentaria de la ley.

Regula en Aragón los perros de asistencia y las unidades de vinculación (persona usuaria y perro). Establece su clasificación, requisitos sanitarios, identificación y reconocimiento, y crea registros de perros y de centros de adiestramiento. Fija derechos de acceso al entorno, obligaciones y un régimen sancionador.

La ley regula la atención a las personas con discapacidad en Navarra y la garantía de sus derechos. Aborda la no discriminación, la autonomía personal, la salud, los servicios sociales, la educación inclusiva, el empleo, la accesibilidad y la participación. También crea un régimen sancionador.

Esta ley de Extremadura agrupa medidas para agilizar la respuesta de la administración a la ciudadanía y mejorar la prestación de servicios públicos. Incluye cambios en el impulso a proyectos empresariales, en normas ambientales, urbanísticas, tributarias, de consumo, de renta garantizada y de contratación pública, entre otras.

Establece las bases reguladoras de las ayudas del «Programa Reina Letizia para la Inclusión», dirigidas a personas con discapacidad. El programa busca mejorar sus condiciones formativas y profesionales y su acceso al mercado laboral. Regula requisitos, solicitudes, cuantías, pago y justificación de las ayudas.

Modifica la Ley General de derechos de las personas con discapacidad para regular la accesibilidad cognitiva y las condiciones para exigirla y aplicarla. Crea un Centro Español de Accesibilidad Cognitiva y prevé un reglamento de condiciones básicas y un Plan Nacional de Accesibilidad.

Regula el procedimiento para que los pasajeros de transporte aéreo reclamen ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea sus derechos de compensación y asistencia por denegación de embarque, cancelación o gran retraso, y los derechos de personas con discapacidad o movilidad reducida. La decisión es obligatoria para las compañías aéreas y puede ejecutarse ante el juzgado de lo mercantil.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 32/2021, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo. Ordena su publicación para general conocimiento.