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Establece medidas urgentes para paliar los daños de la DANA de octubre y noviembre de 2024. Incluye ayudas para renovar vehículos dañados, financiación para pymes y empresas turísticas, apoyo al comercio internacional y medidas procesales, energéticas, educativas, culturales y deportivas.

Regula los cursos de sensibilización y reeducación vial para titulares de permiso o licencia de conducción. Establece sus objetivos, los dos tipos de cursos (recuperación parcial de puntos y recuperación del permiso o licencia), la programación, el desarrollo, la inscripción y la prueba final. También prevé la participación de asociaciones de víctimas de siniestros de tráfico.

Actualiza el Anexo II de la Convención Internacional contra el dopaje en el deporte, que contiene la Norma Internacional para Autorizaciones de Uso Terapéutico. Esta norma fija las condiciones para que un deportista pueda usar una sustancia o método prohibido por razones médicas.

Este real decreto-ley reúne varias medidas: incorpora directivas europeas sobre fusiones y escisiones de empresas y sobre conciliación familiar y laboral, prorroga ayudas frente a la guerra de Ucrania y para La Palma, y adopta medidas urgentes en materia financiera, energética, agraria, de vivienda y de tráfico.

La ley busca facilitar la creación de nuevas empresas y reducir los obstáculos que frenan su crecimiento. Para ello modifica normas sobre sociedades, unidad de mercado, contratos públicos y morosidad, y regula las plataformas de financiación participativa.

Regula la organización y el fomento de la ciencia, la tecnología y la innovación en las Illes Balears. Crea el Ecosistema de Ciencia, Tecnología e Innovación (ECTIB), con órganos de gobernanza, un plan estratégico y un registro. También crea la fundación Institución para la Investigación de las Illes Balears (IRIB).

Establece las normas generales de la comunicación audiovisual en España: televisión, radio y plataformas de intercambio de vídeos. Regula los títulos para prestar estos servicios, el servicio público audiovisual, las obligaciones de los prestadores y el régimen sancionador.

Desarrolla y aplica en Aragón la Ley 1/2021 de simplificación administrativa. Regula el silencio positivo, el plazo de resolución de tres meses y la sustitución de autorizaciones previas por declaraciones responsables o comunicaciones. Modifica varias leyes autonómicas para adaptar sus procedimientos.

Establece el marco jurídico de la política ambiental de Euskadi: competencias y coordinación, información y participación pública, autorizaciones ambientales para actividades con incidencia en el medio ambiente, evaluación ambiental, inspección y régimen sancionador.

Crea el Reglamento que regula el Registro Especial de Operadores de Embarcaciones Neumáticas y Semirrígidas de Alta Velocidad y la autorización de uso de estas embarcaciones. Desarrolla el procedimiento de inscripción, las condiciones de uso y las causas de baja, y modifica el sistema de registros de apoyo a la Administración de Justicia.

Modifica el reglamento que desarrolla la Ley 9/2003 sobre organismos modificados genéticamente. Actualiza la norma española para adaptarla a los cambios introducidos por el Reglamento (UE) 2019/1381 en materia de transparencia y evaluación de riesgos. También ajusta las referencias a los órganos administrativos competentes.

La ley regula cómo la Administración de Aragón simplifica sus trámites y procedimientos. Crea órganos de coordinación, regula la declaración responsable y las entidades colaboradoras de certificación, y establece un régimen sancionador. También incluye medidas sobre administración electrónica y sobre instalaciones de energía eléctrica.

Establece medidas procesales y organizativas para la Administración de Justicia tras el estado de alarma por el COVID-19. Regula la tramitación de procedimientos, aspectos concursales y societarios, y el uso de medios telemáticos en los actos judiciales.

Modifica tres leyes extremeñas sobre ordenación del territorio, vivienda y grandes instalaciones de ocio. Busca reactivar la economía de Extremadura tras los efectos de la COVID-19 en la edificación y el urbanismo.

Deroga el artículo 2 de la Orden TMA/279/2020, que había eliminado la obligación de cumplir los tiempos de descanso en el transporte de animales durante el estado de alarma. Mantiene vigente lo relativo a la validez de las autorizaciones veterinarias de transporte.

Prorroga automáticamente las autorizaciones temporales de estancia, residencia y trabajo de personas extranjeras en España, así como las tarjetas de familiar de ciudadano de la Unión y de residencia de larga duración, durante el estado de alarma por el COVID-19. También prorroga visados de larga duración y estancias de hasta noventa días.