Buscar en el BOE

Establece las bases reguladoras de las ayudas del Plan Integral de Impulso a la Economía Social y aprueba la convocatoria de ayudas para proyectos innovadores de 2022 y 2023. Las ayudas se financian en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Modifica la Ley General de derechos de las personas con discapacidad para regular la accesibilidad cognitiva y las condiciones para exigirla y aplicarla. Crea un Centro Español de Accesibilidad Cognitiva y prevé un reglamento de condiciones básicas y un Plan Nacional de Accesibilidad.

Modifica el Estatuto de los Trabajadores para reducir la temporalidad y reforzar la estabilidad en el empleo. Regula los contratos de duración determinada, los contratos formativos y el Mecanismo RED de flexibilidad y estabilización del empleo. También adapta la normativa de empresas de trabajo temporal y de empleo.

Establece medidas urgentes para apoyar al turismo, la hostelería y el comercio. Incluye ayudas para el pago de alquileres de locales de negocio, medidas laborales y de Seguridad Social, y beneficios fiscales para empresas y autónomos.

Establece medidas procesales y organizativas para la Administración de Justicia tras el estado de alarma por el COVID-19. Regula la tramitación de procedimientos, aspectos concursales y societarios, y el uso de medios telemáticos en los actos judiciales.

Establece medidas urgentes en las Illes Balears para paliar los efectos sociales del COVID-19. Regula el mantenimiento de los servicios sociales básicos y los conciertos sociales, la gestión de la renta social garantizada, la selección de personal temporal para servicios esenciales, las ayudas al alquiler de vivienda y el fomento de la investigación sanitaria.

Establece medidas urgentes para impulsar la actividad económica y simplificar trámites en las administraciones públicas de las Illes Balears ante la crisis de la COVID-19. Regula la intervención administrativa en actividades económicas, obras, ayudas y subvenciones, y medidas sanitarias y presupuestarias.

La Resolución regula cómo se retoma la formación presencial para el empleo que se había suspendido por el estado de alarma del COVID-19. Establece las condiciones para reanudar esa formación en empresas, centros de formación y programas públicos, de acuerdo con el Plan de transición a la nueva normalidad.

Amplía y completa medidas para paliar los efectos del COVID-19 en agricultura, ciencia, economía, empleo, Seguridad Social e impuestos. Incluye prórroga de la flexibilización del empleo agrario, avales a la Comisión Europea, moratorias de préstamos y cambios en el Impuesto sobre Sociedades.

Establece medidas urgentes para apoyar la economía y el empleo durante la crisis del COVID-19. Incluye aplazamientos de alquiler para pymes y autónomos, medidas fiscales, financiación empresarial y protección de ciudadanos. También regula el desempleo y el acceso excepcional a planes de pensiones.

Establece medidas temporales para que la formación profesional para el empleo pueda seguir impartiéndose durante el estado de alarma por el COVID-19. Permite usar aulas virtuales como formación presencial, adapta la ejecución de los cursos y amplía plazos de programas formativos.

Amplía de forma extraordinaria el plazo para que las comunidades autónomas justifiquen los fondos que el Servicio Público de Empleo Estatal les entregó en 2019 para gestionar subvenciones del ámbito laboral. La ampliación se debe a la situación creada por el COVID-19.

Establece medidas urgentes para paliar los efectos sociales y económicos del COVID-19. Incluye la suspensión de desahucios y lanzamientos para hogares vulnerables, prórrogas y moratorias en el alquiler y la hipoteca, ayudas al alquiler y un subsidio extraordinario para empleados de hogar y por fin de contrato temporal.

Establece medidas laborales complementarias para paliar los efectos del COVID-19. Mantiene la actividad de centros sanitarios y de atención a mayores, protege el empleo y regula los ERTE y los contratos temporales durante el estado de alarma.