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El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del Gobierno de las Illes Balears contra varios artículos de la Ley 12/2023, por el derecho a la vivienda. Declara constitucionales los preceptos que permiten usar suelos dotacionales para vivienda pública, imponen publicidad y transparencia en la demanda de vivienda y fijan requisitos para las demandas de desahucio de grandes tenedores.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 1/2025, de 28 de enero, que aprueba medidas urgentes en materia económica, de transporte, de Seguridad Social y para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad. La convalidación se hace conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

Aprueba un conjunto de medidas urgentes en materia económica, de transporte, de Seguridad Social y de apoyo a colectivos vulnerables. Incluye ayudas directas al transporte público, descuentos en abonos y títulos multiviaje, y medidas sobre pensiones, empleo y vivienda.

Reorganiza la Justicia para crear los Tribunales de Instancia y las Oficinas de Justicia en los municipios, y regula los medios adecuados de solución de controversias fuera de los tribunales. También modifica varias leyes procesales para adaptarlas a esta nueva organización.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado por la Xunta de Galicia contra varios artículos y disposiciones de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda. El recurso cuestiona preceptos concretos de esa ley ante el Tribunal Constitucional.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de las Illes Balears contra varios artículos y disposiciones de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado por la Comunidad de Madrid contra varios artículos y una disposición final de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda. El recurso cuestiona preceptos concretos de esa ley ante el Tribunal Constitucional.

Regula el derecho a la vivienda y fija las bases de las políticas públicas en esta materia. Establece derechos y deberes de la ciudadanía, límites al derecho de propiedad y reglas sobre vivienda protegida y parques públicos de vivienda. También prevé declarar zonas de mercado residencial tensionado y exige información en las operaciones de compra y alquiler.

El Tribunal Constitucional desestima el recurso de inconstitucionalidad contra dos incisos de la disposición final primera del Real Decreto-ley 1/2021. La sentencia avala que el juez pueda suspender el lanzamiento de la vivienda habitual de personas sin título que la habitan, también en procesos penales, y que no se aplique la excepción cuando la entrada o permanencia se produjo con intimidación o violencia.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra varios incisos del Real Decreto-ley 1/2021 que permiten al juez suspender el lanzamiento de la vivienda habitual en procesos penales cuando la habitan personas sin título y en situación de vulnerabilidad. La sentencia analiza si esos incisos respetan los límites del decreto-ley y los derechos de propiedad y tutela judicial.

El Tribunal Constitucional anula varios apartados del Decreto-ley catalán 37/2020, que exigía acreditar una oferta de alquiler social antes de iniciar acciones judiciales de desahucio o ejecución hipotecaria. El tribunal considera que esa exigencia regula materia procesal, competencia exclusiva del Estado.

La ley introduce en la normativa estatal la figura de la persona consumidora vulnerable, que requiere protección especial en sus relaciones de consumo. Modifica la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras normas para atender situaciones de vulnerabilidad social y económica.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad del presidente del Gobierno contra el Decreto-ley de la Generalitat de Cataluña 37/2020, de 3 de noviembre, sobre protección del derecho a la vivienda ante la pandemia de COVID-19.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra la disposición final primera del Real Decreto-ley 1/2021, que protege a consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra varios incisos y preceptos del preámbulo y la disposición final primera del Real Decreto-ley 1/2021, que protege a consumidores y usuarios en situaciones de vulnerabilidad social y económica. El recurso lo presentan más de cincuenta diputados.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, que establece medidas urgentes frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica en vivienda y transportes. Ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.