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Modifica dos leyes de la Comunitat Valenciana: la de Transparencia y Buen Gobierno y la de Incompatibilidades de cargos públicos no electos. Cambia el régimen de incompatibilidades de los altos cargos y el de publicidad de sus declaraciones y agendas. También ajusta el plan de gobierno, los informes normativos y el anuncio de la consulta pública previa.

Modifica varias leyes de la Comunidad de Madrid para simplificar y agilizar el funcionamiento de sus instituciones y organismos. Regula el estatuto de los expresidentes, la evaluación posterior de las normas y crea el Consejo de Transparencia y Protección de Datos.

Crea el Registro de Transparencia y Control del Patrimonio y de las Actividades de los Cargos Públicos de las Illes Balears. Regula las declaraciones de patrimonio y de actividades de los cargos públicos y la organización del Registro. Dispone la liquidación de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción y la integración de registros existentes.

Regula la Presidencia y el Gobierno de Canarias: cómo se elige y nombra al presidente o presidenta, sus funciones, deberes y derechos, el cese y la suplencia. También ordena la composición y el funcionamiento del Gobierno, sus atribuciones y sus relaciones con el Parlamento de Canarias.

Modifica varias leyes de la Comunidad de Madrid para impulsar la actividad económica y modernizar la Administración. Cambia normas sobre hacienda, tasas, urbanismo, medio ambiente, carreteras, juego, entidades locales, servicios sociales, deporte y organización administrativa.

Regula la transparencia de la actividad pública de la Generalitat Valenciana y el derecho de acceso a la información pública. Establece obligaciones de publicidad activa, un Portal de Transparencia y reglas de buen gobierno para los altos cargos. Crea el Consejo Valenciano de Transparencia y un régimen sancionador.

Crea la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción, que investiga e inspecciona posibles casos de fraude y corrupción en la Administración andaluza, las administraciones locales y las universidades públicas. Establece también un régimen de protección para las personas que denuncian y un régimen sancionador por infracciones.

Modifica la Ley del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha. Cambia la forma de elegir al Presidente de la Junta y remite la limitación de sus mandatos a lo que establezcan la Constitución Española o las leyes del Estado.