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Regula el tercer sector social en Cataluña: las entidades sin ánimo de lucro que prestan servicios sociales. Establece sus actividades, los cauces de colaboración y participación con las administraciones, su promoción, financiación y evaluación.

Actualiza el marco legal de la economía social. Modifica la Ley de Cooperativas para adaptarla a nuevas formas de participación digital y a la igualdad entre mujeres y hombres, y revisa el régimen de las empresas de inserción. También cambia otras normas relacionadas con prevención de riesgos laborales, contratos públicos, ingreso mínimo vital e incentivos a la contratación.

La ley establece medidas para simplificar los trámites administrativos en Cantabria. Regula los plazos para resolver procedimientos, el silencio administrativo, los informes sectoriales y la declaración responsable para actividades económicas. También crea los Proyectos Empresariales Estratégicos y la Unidad Aceleradora de Proyectos.

Regula las sociedades cooperativas de la Comunidad de Madrid: su constitución, los socios, los órganos de gobierno, el régimen económico, las cuentas anuales, las modificaciones, la disolución y las clases de cooperativas. También regula el Registro de Cooperativas, la inspección y las infracciones y sanciones.

La ley regula la economía social en Aragón: define qué es, qué entidades la forman y cómo se organizan. Establece políticas de fomento, apoyo económico, formación y un Plan Aragonés de Impulso. Crea el Consejo Aragonés de la Economía Social.

Regula la economía social en Canarias: define qué entidades forman parte de ella, crea un catálogo canario de estas entidades y establece medidas de fomento, ordenación y difusión del sector. También crea la Comisión de la Economía Social de Canarias y prevé una estrategia canaria de economía social.

La ley regula la economía social y solidaria en La Rioja: define qué entidades forman parte, crea un catálogo de entidades y un Consejo, y establece medidas de fomento, apoyo económico y simplificación administrativa. También prevé un Plan Riojano de Impulso de este sector.

Desarrolla y aplica en Aragón la Ley 1/2021 de simplificación administrativa. Regula el silencio positivo, el plazo de resolución de tres meses y la sustitución de autorizaciones previas por declaraciones responsables o comunicaciones. Modifica varias leyes autonómicas para adaptar sus procedimientos.