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Desarrolla la Ley 13/2011 para crear entornos de juego más seguros. Obliga a los operadores de juego a aplicar planes de juego seguro, informar a las personas consumidoras y detectar comportamientos de riesgo. Incluye medidas especiales para jóvenes y personas con juego intensivo.

Modifica la Ley 13/2011 de regulación del juego para reforzar la protección de los menores y de los participantes, prevenir conductas adictivas y luchar contra el fraude y la manipulación de competiciones deportivas. Añade funciones de evaluación a la Dirección General de Ordenación del Juego y cambia también la ley de consumidores.

La ley busca facilitar la creación de nuevas empresas y reducir los obstáculos que frenan su crecimiento. Para ello modifica normas sobre sociedades, unidad de mercado, contratos públicos y morosidad, y regula las plataformas de financiación participativa.

La ley regula el derecho a la igualdad de trato y a la no discriminación en España. Prohíbe la discriminación por motivos como nacimiento, raza, sexo, religión, edad o discapacidad en ámbitos como el empleo, la educación, la sanidad, la vivienda o los servicios. Crea la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación y fija infracciones y sanciones.

La ley introduce en la normativa estatal la figura de la persona consumidora vulnerable, que requiere protección especial en sus relaciones de consumo. Modifica la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras normas para atender situaciones de vulnerabilidad social y económica.

Establece medidas urgentes para proteger a los consumidores frente a la subida de precios de la electricidad y el gas natural. Aumenta los descuentos del bono social eléctrico y mejora el bono social térmico, y refuerza la transparencia y supervisión en los mercados mayorista y minorista de electricidad y gas.

Publica el listado de entidades del Tercer Sector que actúan como mediadores sociales colaboradores de la Administración General del Estado. Estas entidades pueden certificar la situación de consumidor vulnerable o vulnerable severo para evitar el corte de luz, gas y agua.

Modifica el Real Decreto-ley 11/2020 para ampliar medidas de protección de arrendatarios vulnerables, como la suspensión de desahucios y lanzamientos. También regula el reequilibrio económico de contratos públicos de transporte de viajeros por carretera y modifica la ley de defensa de consumidores.

Establece medidas procesales y organizativas para la Administración de Justicia tras el estado de alarma por el COVID-19. Regula la tramitación de procedimientos, aspectos concursales y societarios, y el uso de medios telemáticos en los actos judiciales.

Establece medidas urgentes para impulsar la actividad económica y simplificar trámites en las administraciones públicas de las Illes Balears ante la crisis de la COVID-19. Regula la intervención administrativa en actividades económicas, obras, ayudas y subvenciones, y medidas sanitarias y presupuestarias.

Publica los acuerdos y resoluciones de la ONCE que adaptan sus actividades de juego durante el estado de alarma por el COVID-19. Incluye medidas sobre sorteos, escrutinios telemáticos y la suspensión del producto «Mi día».

Establece medidas urgentes para paliar los efectos sociales y económicos del COVID-19. Incluye la suspensión de desahucios y lanzamientos para hogares vulnerables, prórrogas y moratorias en el alquiler y la hipoteca, ayudas al alquiler y un subsidio extraordinario para empleados de hogar y por fin de contrato temporal.