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Regula los derechos y deberes de las personas consumidoras y usuarias en Navarra. Establece la organización de las oficinas de información, la inspección de consumo, la resolución extrajudicial de conflictos y el régimen de sanciones.

Esta ley de Extremadura agrupa medidas para agilizar la respuesta de la administración a la ciudadanía y mejorar la prestación de servicios públicos. Incluye cambios en el impulso a proyectos empresariales, en normas ambientales, urbanísticas, tributarias, de consumo, de renta garantizada y de contratación pública, entre otras.

Modifica la Ley 13/2011 de regulación del juego para reforzar la protección de los menores y de los participantes, prevenir conductas adictivas y luchar contra el fraude y la manipulación de competiciones deportivas. Añade funciones de evaluación a la Dirección General de Ordenación del Juego y cambia también la ley de consumidores.

La ley busca facilitar la creación de nuevas empresas y reducir los obstáculos que frenan su crecimiento. Para ello modifica normas sobre sociedades, unidad de mercado, contratos públicos y morosidad, y regula las plataformas de financiación participativa.

Aprueba procedimientos de operación del sistema eléctrico para adaptar las garantías que deben prestar los participantes en el mercado. Define una garantía mínima dinámica para los comercializadores, calculada según el consumo de sus clientes y sus desvíos, con cálculo diario y validación posterior.

La ley regula el derecho a la igualdad de trato y a la no discriminación en España. Prohíbe la discriminación por motivos como nacimiento, raza, sexo, religión, edad o discapacidad en ámbitos como el empleo, la educación, la sanidad, la vivienda o los servicios. Crea la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación y fija infracciones y sanciones.

Regula el procedimiento para que los pasajeros de transporte aéreo reclamen ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea sus derechos de compensación y asistencia por denegación de embarque, cancelación o gran retraso, y los derechos de personas con discapacidad o movilidad reducida. La decisión es obligatoria para las compañías aéreas y puede ejecutarse ante el juzgado de lo mercantil.

La ley introduce en la normativa estatal la figura de la persona consumidora vulnerable, que requiere protección especial en sus relaciones de consumo. Modifica la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras normas para atender situaciones de vulnerabilidad social y económica.

Modifica el Código civil de Cataluña para incorporar dos directivas europeas sobre contratos de compraventa de bienes y de suministro de contenidos y servicios digitales. Regula la conformidad de los bienes y servicios digitales, los plazos de responsabilidad y los derechos del comprador o adquirente.

La ley aprueba medidas fiscales y administrativas que acompañan a los presupuestos de Cantabria de 2022. Modifica tasas propias y tributos cedidos, y cambia varias leyes autonómicas sobre servicios sociales, empleo, salud, medio ambiente, turismo, consumo y transporte, entre otras.

Esta ley aprueba medidas fiscales, financieras, administrativas y de organización del sector público de la Generalidad de Cataluña para completar el marco de los presupuestos de 2022. Modifica tributos propios y cedidos, tasas, normas de contratación pública, personal y reestructuración de entidades públicas.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 23/2021, de medidas urgentes en materia de energía. La norma busca proteger a los consumidores y dar transparencia a los mercados mayorista y minorista de electricidad y gas natural.

Establece medidas urgentes para proteger a los consumidores frente a la subida de precios de la electricidad y el gas natural. Aumenta los descuentos del bono social eléctrico y mejora el bono social térmico, y refuerza la transparencia y supervisión en los mercados mayorista y minorista de electricidad y gas.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra la disposición final primera del Real Decreto-ley 1/2021, que protege a consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del presidente del Gobierno contra varios artículos de la Ley 6/2019 del estatuto de las personas consumidoras de Extremadura. Declara nulos parcialmente los preceptos sobre el documento justificativo de la contratación y el clausulado de los contratos, y anula el precepto sobre titulización de créditos y, por conexión, la infracción administrativa por no comunicar la cesión de créditos a fondos de titulización.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra varios incisos y preceptos del preámbulo y la disposición final primera del Real Decreto-ley 1/2021, que protege a consumidores y usuarios en situaciones de vulnerabilidad social y económica. El recurso lo presentan más de cincuenta diputados.

Publica el listado de entidades del Tercer Sector que actúan como mediadores sociales colaboradores de la Administración General del Estado. Estas entidades pueden certificar la situación de consumidor vulnerable o vulnerable severo para evitar el corte de luz, gas y agua.