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La ley modifica normas de la Generalitat Valenciana en varias materias: tributos propios y cedidos, vivienda, cooperativas, urbanismo, función pública, sanidad, servicios sociales, educación, agricultura, justicia, emergencias e industria. También reorganiza entes del sector público autonómico.

Modifica la Circular 1/2026, que regula el Registro de Alias de la CNMC. Este registro inscribe los alias (nombres cortos) que empresas y Administraciones usan para enviar mensajes SMS/MMS/RCS. La circular fija el procedimiento y los plazos de inscripción.

Aprueba el Reglamento que fija las condiciones básicas de accesibilidad cognitiva. Regula cómo deben ofrecerse la información y la comunicación para que las personas con dificultades cognitivas puedan entenderlas en ámbitos como administraciones, justicia, transportes, empleo o servicios públicos.

Modifica la normativa del juego online para crear un sistema de límites de depósito conjuntos por jugador, que se aplica al conjunto de operadores y no a cada uno por separado. También ajusta el Real Decreto 176/2023 sobre entornos más seguros de juego.

Modifica la Circular 1/2026, que regula el Registro de Alias de la CNMC. El cambio busca facilitar que los titulares de alias puedan actuar ante el registro sin depender de un certificado digital, tras superarse las 75.000 solicitudes en dos meses.

Vuelve a introducir en el ordenamiento las modificaciones sobre la Central de Información de Riesgos del Banco de España y sobre la publicidad de los créditos revolving que el Tribunal Supremo anuló por un defecto de procedimiento. Regula de nuevo el contenido de los informes de riesgos y los criterios del ejemplo representativo en la publicidad de estos créditos.

Regula el Registro de Alias que gestiona la CNMC, donde las empresas y administraciones públicas deben inscribir los nombres alfanuméricos que usan como remitente en mensajes SMS/MMS/RCS. Los operadores deben bloquear los mensajes con alias no inscritos o enviados por proveedores no habilitados.

El Congreso de los Diputados acuerda derogar el Real Decreto-ley 4/2026, de 10 de febrero, que garantizaba la accesibilidad equitativa a bienes y servicios en situaciones de emergencia. La derogación se aprueba conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

La ley aprueba medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de Galicia de 2026. Incluye cambios en tributos cedidos, tasas y precios públicos, y modificaciones de normas sobre seguridad, medio ambiente, educación, política social, empleo público, vivienda, sanidad, cultura y medio rural.

Aprueba el Reglamento general de suministro, comercialización y agregación de energía eléctrica. Sustituye y actualiza la normativa anterior sobre contratación, suministro y protección del consumidor eléctrico. Regula también la figura del agregador independiente y el intercambio de datos entre los sujetos del sector.

Modifica la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios para proteger el acceso a bienes y servicios esenciales durante emergencias. Permite limitar temporalmente los precios cuando una emergencia altere la oferta y la demanda. Incluye medidas para los servicios afectados por el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba).

Regula los servicios de atención a la clientela de las empresas, fijando niveles mínimos de calidad, medios de contacto, plazos de resolución de consultas y reclamaciones, sistemas de evaluación y un régimen de infracciones y sanciones.

Establece cómo funciona la Lista de Confianza de Espacios de Datos: qué espacios pueden inscribirse, qué información se publica de cada uno, el formulario de solicitud, los criterios de evaluación y un correo oficial de contacto. También inscribe de oficio el Espacio Nacional de Datos de Salud.

La ley regula el desarrollo y uso de la inteligencia artificial en la Administración pública gallega. Establece principios generales, derechos de la ciudadanía, órganos de gobernanza, planificación y un procedimiento para definir, aprobar e implantar proyectos de inteligencia artificial. También incluye medidas económicas, fiscales, de I+D+i y de formación.

La ley regula los derechos de las personas con necesidades paliativas en La Rioja y las garantías que deben ofrecer las administraciones sanitarias y sociales. Establece derechos como el alivio del sufrimiento, la información clínica, la toma de decisiones y el consentimiento informado, y fija deberes del personal sanitario y un régimen de infracciones y sanciones.

La ley establece medidas para simplificar los trámites administrativos en Cantabria. Regula los plazos para resolver procedimientos, el silencio administrativo, los informes sectoriales y la declaración responsable para actividades económicas. También crea los Proyectos Empresariales Estratégicos y la Unidad Aceleradora de Proyectos.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 1/2025, de 28 de enero, que aprueba medidas urgentes en materia económica, de transporte, de Seguridad Social y para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad. La convalidación se hace conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

Aprueba un conjunto de medidas urgentes en materia económica, de transporte, de Seguridad Social y de apoyo a colectivos vulnerables. Incluye ayudas directas al transporte público, descuentos en abonos y títulos multiviaje, y medidas sobre pensiones, empleo y vivienda.

Este real decreto-ley reúne medidas urgentes en economía, impuestos, transporte y Seguridad Social. Incluye ayudas directas al transporte de viajeros, medidas sobre pensiones y empleo, y apoyo a colectivos vulnerables, como medidas de vivienda. También prorroga medidas para afrontar situaciones de vulnerabilidad social.