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Modifica la ley que regula el intercambio de antecedentes penales entre países de la Unión Europea para adaptarla al sistema europeo ECRIS. Incluye datos como la imagen facial y las huellas, y regula la identificación de condenas de nacionales de terceros países.

Modifica el Real Decreto 95/2009, que regula el Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia (SIRAJ). El cambio busca que la información penal sobre profesionales con inhabilitación o prohibición para ejercer en el ámbito docente y sanitario pueda enviarse al mecanismo de alerta europeo (IMI).

Modifica la Ley de Administración Local de La Rioja para permitir que los concejales participen y voten de forma telemática en los órganos municipales cuando no puedan asistir presencialmente por circunstancias extraordinarias. Añade los artículos que regulan ese procedimiento y habilita su desarrollo reglamentario.

Modifica la normativa que ordena el Boletín Oficial del Estado para regular la publicación del Tablón Edictal Judicial Único. Este tablón electrónico reúne en un solo lugar las resoluciones y comunicaciones judiciales que antes se publicaban en tablones y boletines oficiales distintos.

Establece cómo deben actuar y funcionar las administraciones públicas por medios electrónicos. Regula los portales de internet, las sedes electrónicas, la identificación y firma electrónica, los registros y notificaciones electrónicas, el expediente administrativo electrónico y la colaboración entre administraciones.

Aprueba un sexto paquete de medidas urgentes en Navarra para responder al impacto del coronavirus. Incluye compensaciones a concesionarias de transporte interurbano, ajustes en la renta garantizada, autorizaciones excepcionales para energía eólica y varias medidas tributarias y de apoyo al personal sanitario y a las empresas.

Establece medidas procesales y organizativas para la Administración de Justicia tras la suspensión de plazos por el estado de alarma del COVID-19. Regula la reactivación de juzgados y tribunales, la tramitación preferente de ciertos procedimientos y medidas concursales y societarias.