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Modifica la ley que regula el intercambio de antecedentes penales entre países de la Unión Europea para adaptarla al sistema europeo ECRIS. Incluye datos como la imagen facial y las huellas, y regula la identificación de condenas de nacionales de terceros países.

Este decreto-ley reúne medidas para simplificar y racionalizar los trámites y la normativa de las administraciones públicas de las Illes Balears. Modifica varias leyes y regula por sectores como agricultura, agua, educación, energía, movilidad, medio ambiente, turismo y urbanismo, e impulsa la digitalización.

Crea y regula el Registro estatal de prestadores de servicios de comunicación audiovisual, de intercambio de vídeos a través de plataforma y de agregación de servicios audiovisuales. Establece cómo se inscriben estos prestadores y el procedimiento de comunicación previa del inicio de actividad.

La ley busca facilitar la creación de nuevas empresas y reducir los obstáculos que frenan su crecimiento. Para ello modifica normas sobre sociedades, unidad de mercado, contratos públicos y morosidad, y regula las plataformas de financiación participativa.

Establece normas para que las autoridades competentes puedan acceder e intercambiar información financiera con el fin de prevenir, detectar, investigar o enjuiciar delitos graves, como el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. Regula el acceso al Fichero de Titularidades Financieras y el intercambio de datos con organismos nacionales y europeos, con reglas de protección de datos.

Modifica el Real Decreto 581/2017 para ajustar el procedimiento de reconocimiento de cualificaciones profesionales en España a la normativa europea. Añade la obligación de informar al solicitante, en el plazo de un mes, de los documentos que falten en su expediente y amplía el plazo para subsanarlos.

Modifica la Ley Foral 5/2018 de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno de Navarra. Establece un plazo para poner en marcha un sistema integral de información.

Establece cómo deben actuar y funcionar las administraciones públicas por medios electrónicos. Regula los portales de internet, las sedes electrónicas, la identificación y firma electrónica, los registros y notificaciones electrónicas, el expediente administrativo electrónico y la colaboración entre administraciones.

Establece medidas organizativas en el ámbito sanitario, social y de salud pública para afrontar la COVID-19. Permite a enfermeras del ICAM acceder a historias clínicas en trámites de incapacidad temporal, regula la comunicación de datos del personal de servicios sociales residenciales y crea el Registro de vacunación de Cataluña. También modifica dos decretos-ley anteriores.

Establece medidas procesales y organizativas para la Administración de Justicia tras la suspensión de plazos por el estado de alarma del COVID-19. Regula la reactivación de juzgados y tribunales, la tramitación preferente de ciertos procedimientos y medidas concursales y societarias.