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Modifica el Código Penal para adaptarlo a directivas europeas y reforma los delitos contra la integridad moral, los desórdenes públicos y el contrabando de armas de doble uso. También cambia normas procesales para revisar sentencias y recursos.

Modifica el Decreto-ley 14/2021 para que los titulares de explotaciones agrarias afectados por el volcán de La Palma puedan pedir las ayudas de emergencia sin tener que inscribirse antes en el Registro de Personas Afectadas. Establece un procedimiento de concesión a instancia de parte para este sector.

La ley busca facilitar la creación de nuevas empresas y reducir los obstáculos que frenan su crecimiento. Para ello modifica normas sobre sociedades, unidad de mercado, contratos públicos y morosidad, y regula las plataformas de financiación participativa.

Establece subvenciones para crear empleo en el trabajo domiciliario de cuidados y para programas de apoyo contra la exclusión social agravada por la COVID-19. También incluye medidas fiscales sobre el canon del agua y medidas administrativas para el sector público catalán.

Aprueba el texto refundido de la Ley Concursal, que regula el concurso de acreedores: cuándo y cómo se declara, sus órganos, efectos sobre el deudor, créditos y contratos, la masa activa y pasiva, el convenio, la liquidación y la calificación del concurso. También regula el derecho preconcursal, es decir, las negociaciones con acreedores antes de la declaración.

Aprueba un tercer paquete de medidas urgentes en Navarra para responder al impacto de la crisis sanitaria del COVID-19. Incluye ayudas para trabajadores autónomos, medidas de gestión para las administraciones públicas, apoyo a la investigación científica y coordinación de los servicios de prevención.

Establece medidas urgentes para apoyar la economía y el empleo durante la crisis del COVID-19. Incluye aplazamientos de alquiler para pymes y autónomos, medidas fiscales, financiación empresarial y protección de ciudadanos. También regula el desempleo y el acceso excepcional a planes de pensiones.

Establece medidas urgentes en la contratación pública de Extremadura para responder al impacto económico del COVID-19. Regula la prórroga de la continuidad de los contratos, los pagos parciales y la colaboración entre órganos de contratación.