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Adapta la normativa española a la salida del Reino Unido de la Unión Europea tras el fin del periodo transitorio el 31 de diciembre de 2020. Regula el acceso a profesiones, el empleo público, la Seguridad Social, la asistencia sanitaria, la Universidad, la contratación pública y otros ámbitos afectados.

Incorpora al derecho español varias directivas de la Unión Europea. Regula la contratación pública en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y la adjudicación de contratos de concesión. También adapta la normativa sobre seguros privados, planes y fondos de pensiones, y modifica normas fiscales sobre el IVA, impuestos especiales y resolución de litigios fiscales.

Sube un 0,9 % las pensiones y otras prestaciones públicas del sistema de Seguridad Social y de Clases Pasivas desde el 1 de enero de 2020. Incluye un anexo con las cuantías para 2020 y prevé compensar a los pensionistas si la inflación de ese año supera ese 0,9 %.