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Establece la representación paritaria y la presencia equilibrada de mujeres y hombres en órganos constitucionales, el Gobierno, el sector público, colegios profesionales, sindicatos, empresas, fundaciones y otros ámbitos. Modifica varias leyes para aplicar este criterio, incluida la ley electoral y la del Estatuto de los Trabajadores.

Modifica varias leyes de la Comunidad de Madrid para simplificar y agilizar el funcionamiento de sus instituciones y organismos. Regula el estatuto de los expresidentes, la evaluación posterior de las normas y crea el Consejo de Transparencia y Protección de Datos.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 16/2023 de la Comunidad de Madrid, que simplifica y mejora la eficacia de sus instituciones y organismos. El recurso lo presentan más de cincuenta senadores y también impugna varios artículos concretos de esa ley.

Reorganiza la Administración General del Estado en 22 ministerios y fija las competencias y la estructura interna de cada uno. También adscribe organismos públicos a los nuevos departamentos y suprime los órganos que desaparecen.

Esta ley de Extremadura agrupa medidas para agilizar la respuesta de la administración a la ciudadanía y mejorar la prestación de servicios públicos. Incluye cambios en el impulso a proyectos empresariales, en normas ambientales, urbanísticas, tributarias, de consumo, de renta garantizada y de contratación pública, entre otras.

Regula cómo se elaboran las normas de carácter general impulsadas por el Gobierno Vasco, tanto leyes como reglamentos. Fija las etapas del procedimiento: planificación, evaluación, consulta previa, audiencia e información pública, informes preceptivos y dictamen de la Comisión Jurídica Asesora. Incluye principios de calidad normativa y redacción bilingüe.

La ley aprueba medidas fiscales y administrativas que acompañan a los presupuestos de Cantabria de 2022. Modifica tasas propias y tributos cedidos, y cambia varias leyes autonómicas sobre servicios sociales, empleo, salud, medio ambiente, turismo, consumo y transporte, entre otras.

Establece medidas para tramitar más rápido los procedimientos administrativos de la Junta de Castilla-La Mancha relacionados con los fondos europeos de recuperación. Regula la organización de los órganos que los gestionan, la tramitación de convenios, subvenciones y contratos, el control del gasto y el refuerzo de personal.