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Reorganiza la Administración General del Estado en 22 ministerios y fija las competencias y la estructura interna de cada uno. También adscribe organismos públicos a los nuevos departamentos y suprime los órganos que desaparecen.

Crea el marco general de un banco de pruebas regulatorio para proyectos piloto de investigación e innovación en el sector eléctrico. Regula quién puede participar, cómo se solicita el acceso, cómo se desarrollan y supervisan las pruebas y cómo se evalúan los resultados.

Establece las bases para conceder ayudas a proyectos de prevención de riesgos y seguridad minera. Las ayudas van a empresas (inversión material) y a entidades sin ánimo de lucro (formación). Su fin es reducir la siniestralidad en la minería en España.

Concede dos subvenciones directas a la Universidad Politécnica de Madrid y al Servicio de Salud del Principado de Asturias para actuaciones en materia de seguridad minera. Fija el procedimiento, las obligaciones de las entidades beneficiarias, la cuantía, el pago y la justificación.

Aprueba medidas para impulsar las energías renovables y ordenar su conexión a las redes eléctricas, fomentar la eficiencia energética y nuevos modelos de negocio. Incluye además medidas económicas y de empleo, como el destino del superávit de los ayuntamientos y deducciones fiscales por innovación.

Establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, fijando sus órganos directivos hasta el nivel de Dirección General. Regula también los gabinetes, la delegación de competencias y medidas de coordinación entre ministerios.