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Establece las normas para conceder de forma directa un préstamo a la empresa Hisdesat Servicios Estratégicos, SA, para desarrollar el programa de satélites de observación de la Tierra con tecnología radar PAZ 2. El programa sustituye al satélite PAZ 1 y da servicio al Ministerio de Defensa.

Publica el Acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional que aprueba la Estrategia de Seguridad Aeroespacial Nacional. La estrategia analiza el contexto y las amenazas en los dominios aéreo y espacial, fija objetivos y líneas de actuación y ordena los órganos del sistema de seguridad nacional con funciones en esta materia.

Crea el Comité Nacional de Seguridad y Soberanía Tecnológica, un órgano colegiado adscrito a la Presidencia del Gobierno. Establece su composición, funciones y régimen de funcionamiento, y regula un Consejo Asesor para canalizar las propuestas del sector.

El Consejo de Seguridad Nacional aprueba el procedimiento para elaborar una nueva Estrategia de Seguridad Aeroespacial Nacional, que sustituirá a la de 2019. El procedimiento fija quién la elabora, cómo se organiza y qué fases sigue.

Modifica la organización básica del Estado Mayor de la Defensa para adaptarla a los nuevos ámbitos de operación de las Fuerzas Armadas, incluidos el espacio ultraterrestre, el ciberespacio y el ámbito cognitivo. Ajusta la estructura de este órgano para coordinar esas áreas.

Modifica la composición del Consejo Nacional de Seguridad Aeroespacial para incluir un vocal en representación de la Agencia Espacial Española, con rango mínimo de Subdirector General o asimilado u Oficial General. El vocal es designado según lo dispuesto en el Estatuto de la Agencia.

Crea la Agencia Estatal «Agencia Espacial Española» y aprueba su Estatuto. El Estatuto fija su naturaleza, fines, competencias, órganos de gobierno, personal, presupuesto y régimen de control. La Agencia coordina la política espacial del Gobierno y colabora con el sector espacial.

Desarrolla el Real Decreto-ley 12/2018 sobre seguridad de las redes y sistemas de información. Fija las autoridades competentes, la cooperación entre equipos de respuesta a incidentes (CSIRT), los requisitos de seguridad y la gestión y notificación de incidentes. También regula la supervisión del cumplimiento.