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Ministerio de Trabajo y Economía Social · Corrección (errores o erratas) · 07/12/2020 · Atribución por órgano emisor: Órgano emisor · Unidas Podemos
Ministerio de Trabajo y Economía Social · Resolución · 15/10/2020 · Atribución por órgano emisor: Órgano emisor · Unidas Podemos
Aprueba modelos de certificación colectiva de créditos laborales incluidos en la lista de acreedores de un concurso. Estos certificados acompañan a la solicitud de prestaciones de garantía salarial del Fondo de Garantía Salarial cuando la solicitud se basa en el concurso de la empresa.
Jefatura del Estado · Ley · 19/09/2020 · Atribución por órgano emisor: Órgano emisor · Partido Socialista Obrero Español, Unidas Podemos
Establece medidas procesales y organizativas para la Administración de Justicia tras el estado de alarma por el COVID-19. Regula la tramitación de procedimientos, aspectos concursales y societarios, y el uso de medios telemáticos en los actos judiciales.
Cortes Generales · Resolución · 15/05/2020 · Sin atribución a partidos
El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 16/2020, que recoge medidas procesales y organizativas para la Administración de Justicia frente al COVID-19. Ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática · Real Decreto Legislativo · 07/05/2020 · Atribución por órgano emisor: Órgano emisor · Partido Socialista Obrero Español
Aprueba el texto refundido de la Ley Concursal, que regula el concurso de acreedores: cuándo y cómo se declara, sus órganos, efectos sobre el deudor, créditos y contratos, la masa activa y pasiva, el convenio, la liquidación y la calificación del concurso. También regula el derecho preconcursal, es decir, las negociaciones con acreedores antes de la declaración.
Jefatura del Estado · Real Decreto-ley · 29/04/2020 · Atribución por órgano emisor: Órgano emisor · Partido Socialista Obrero Español, Unidas Podemos
Establece medidas procesales y organizativas para la Administración de Justicia tras la suspensión de plazos por el estado de alarma del COVID-19. Regula la reactivación de juzgados y tribunales, la tramitación preferente de ciertos procedimientos y medidas concursales y societarias.