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Modifica varias leyes catalanas de vivienda y urbanismo para facilitar el acceso a la vivienda. Cambia normas sobre obra pública, fianzas de alquiler, urbanismo, vivienda protegida, barrios y equipamientos comerciales.

La ley aprueba medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de Galicia de 2026. Incluye cambios en tributos cedidos, tasas y precios públicos, y modificaciones de normas sobre seguridad, medio ambiente, educación, política social, empleo público, vivienda, sanidad, cultura y medio rural.

Establece un acuerdo de colaboración entre la Diputación de Barcelona y ONU-Hábitat para apoyar la puesta en marcha de los planes de acción de la Agenda Urbana Española y las agendas urbanas locales en ciudades medianas. Se enmarca en la iniciativa «Ciudades que se superan» y en el acuerdo marco de cooperación entre España y ONU-Hábitat.

La ley regula la protección del arbolado urbano y del arbolado de especial protección en Canarias. Establece reglas sobre tala y poda, obliga a los municipios a hacer inventarios de sus árboles y crea un régimen sancionador.

Modifica varias leyes del País Vasco para facilitar el acceso a la vivienda. Cambia normas de suelo, urbanismo, vivienda protegida, medio ambiente, turismo y garantía de ingresos. Incluye medidas sobre reservas de vivienda protegida y plazos de tramitación.

La ley aprueba medidas fiscales y administrativas para 2026 en La Rioja. Incluye cambios en impuestos cedidos y propios, como ajustar la escala autonómica del IRPF cuando el IPC de diciembre supere el 3 %, y modificaciones en sucesiones y donaciones. También modifica normas sobre carreteras, igualdad, servicios sociales, función pública, urbanismo y salud.

Regula el patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía: cómo se clasifican, adquieren, usan y protegen sus bienes y derechos. Incluye normas sobre bienes públicos y privados, alquiler y cesión de inmuebles, edificios administrativos y empresas públicas.

Modifica varias normas catalanas para reforzar la seguridad del suministro eléctrico tras el apagón del 28 de abril de 2025. Cambia reglas de energías renovables, urbanismo, aguas, residuos y calidad del suministro, y facilita el despliegue de líneas eléctricas y plantas solares.

Crea un marco para declarar proyectos de especial interés estratégico en las Illes Balears y acelerar su tramitación. Establece órganos de gobernanza (Comisión, Unidad y Oficina aceleradoras) y medidas para agilizar inversiones públicas y privadas.

La ley regula la política de vivienda en Andalucía: fija competencias de la Junta y los ayuntamientos, la planificación (Plan Andaluz de Vivienda y Suelo), la calidad y rehabilitación de viviendas, el régimen de la vivienda protegida y la inspección y sanciones en materia de vivienda.

Regula el uso turístico de viviendas en Canarias: define qué es una vivienda de uso turístico, cómo encaja en el planeamiento urbanístico y qué declaración responsable debe presentarse para ejercer la actividad. Establece límites temporales a esa declaración y reglas de control e inspección.

Regula la concesión directa de una subvención a la Universidad Politécnica de Madrid para financiar el Observatorio de la Movilidad Metropolitana. Fija el beneficiario, las actividades subvencionadas, la cuantía, el pago, la justificación y el régimen de incumplimientos.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos y disposiciones de la Ley 4/2025 de las Illes Balears, que regula actuaciones urgentes para obtener suelo mediante proyectos residenciales estratégicos. El recurso lo presentan más de cincuenta diputados del Congreso.

La ley regula los proyectos residenciales estratégicos en las Illes Balears: qué son, qué requisitos deben cumplir y cómo se aprueban. Su objetivo es obtener suelo para construir vivienda y agilizar los trámites urbanísticos.

Modifica la Ley de Navegación Aérea y la Ley de Seguridad Aérea. Reúne en un solo órgano la participación de las administraciones en asuntos ambientales de aeropuertos, simplifica la placa identificativa de las aeronaves y actualiza el régimen de servidumbres aeronáuticas y planes directores.

El Tribunal Supremo estima el recurso de una persona contra el Real Decreto 668/2022, que modificaba el Reglamento General de Costas. La sentencia declara nulo de pleno derecho ese real decreto por no ajustarse al ordenamiento jurídico e impone las costas a la Administración General del Estado.

La ley modifica normas de la Comunidad Autónoma de La Rioja sobre hacienda pública, presupuestos, tributos y administración. Incluye cambios en la gestión de la tesorería, en los presupuestos de 2025 y en materias como vivienda, urbanismo, servicios sociales, salud, policías locales y fondos europeos.