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Modifica la Ley General de la Seguridad Social para ampliar la protección de la incapacidad temporal. Añade dos supuestos nuevos: el trastorno menopáusico secundario codificado y las lesiones por violencia de género. También ajusta otras prestaciones sociales, como los anticipos del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos.

Actualiza la normativa reglamentaria española de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo para adaptarla a los nuevos riesgos y a las exigencias internacionales. También introduce cambios puntuales en varias normas del sector financiero para ajustarlas al marco de la Unión Europea y reducir cargas administrativas.

Modifica la Ley de Cantabria 1/2023 sobre reconocimiento y dignidad a las víctimas del terrorismo. Amplía quién puede cobrar las indemnizaciones, incluyendo a herederos de personas fallecidas antes del 15 de abril de 2023, y fija en dieciocho meses el plazo para presentar solicitudes.

Aprueba los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para 2026. Fija los gastos e ingresos de la Administración general, organismos autónomos, entes públicos, sociedades, fundaciones y consorcios, y regula las retribuciones del personal y las aportaciones de las diputaciones forales.

Publica un acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional que modifica el Comité Especializado contra el Terrorismo. Añade un vocal del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa y actualiza los nombres de las vocalías de los ministerios y organismos que lo integran.

Regula la concesión directa de subvenciones del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a entidades del Tercer Sector de Acción Social y otras organizaciones. Establece las entidades beneficiarias, las actividades subvencionables, las cuantías, el procedimiento de concesión y las obligaciones de las entidades.

Modifica las bases reguladoras de las subvenciones a asociaciones, fundaciones y entidades sin ánimo de lucro que representan y defienden los intereses de las víctimas del terrorismo. Cambia el reparto del excedente de la convocatoria, la justificación de los gastos, los criterios de cuantía, la publicidad, el baremo de puntos y los gastos de personal y costes indirectos imputables.

Este real decreto-ley reúne medidas urgentes en economía, impuestos, transporte y Seguridad Social. Incluye ayudas directas al transporte de viajeros, medidas sobre pensiones y empleo, y apoyo a colectivos vulnerables, como medidas de vivienda. También prorroga medidas para afrontar situaciones de vulnerabilidad social.

Regula la concesión directa y excepcional de subvenciones del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a entidades del Tercer Sector de Acción Social y otras entidades. Establece el procedimiento, los gastos subvencionables, las obligaciones de las beneficiarias y el reintegro.

Crea el Comité Especializado contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave como órgano de apoyo del Consejo de Seguridad Nacional. El Comité propone directrices de planificación y coordinación y refuerza el funcionamiento del Sistema de Seguridad Nacional en ese ámbito.

La ley regula la actuación de la Generalitat Valenciana para reconocer a las víctimas de la Segunda República, la Guerra Civil, la dictadura y el terrorismo, y para promover la convivencia. Crea la Unidad Valenciana de la Concordia y regula los lugares y documentos de la concordia y un catálogo de vestigios.

Crea las unidades administrativas de varias oficinas de asistencia a las víctimas del delito: una en la Audiencia Nacional, otra para víctimas del terrorismo en la Audiencia Nacional y oficinas en Mallorca, Ibiza, Menorca, varias provincias de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia, Ceuta y Melilla. Regula su estructura, personal, funciones y dependencia.

La Diputación Permanente del Congreso convalida el Real Decreto-ley 5/2023, que mantiene y prorroga medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania, apoya la reconstrucción de La Palma y atiende otras situaciones de vulnerabilidad. También incorpora al ordenamiento español directivas europeas sobre modificaciones estructurales de sociedades y conciliación de la vida familiar y laboral.

Crea en el Ministerio de Justicia el Registro Central de Titularidades Reales, único para todo el país, y aprueba su reglamento. El registro reúne datos sobre quién es el titular real de las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica españolas, y regula quién puede acceder a esa información y cómo.

Este real decreto-ley reúne varias medidas: incorpora directivas europeas sobre fusiones y escisiones de empresas y sobre conciliación familiar y laboral, prorroga ayudas frente a la guerra de Ucrania y para La Palma, y adopta medidas urgentes en materia financiera, energética, agraria, de vivienda y de tráfico.

La ley regula el reconocimiento y las ayudas a las víctimas del terrorismo en Cantabria. Incluye indemnizaciones por fallecimiento y daños físicos o psíquicos, ayudas por daños materiales, asistencia sanitaria y social, medidas educativas, de empleo, vivienda y acceso a cultura y deporte. También crea distinciones honoríficas y actuaciones en memoria de las víctimas.

Modifica la Ley 5/2018 de la Comunidad de Madrid sobre víctimas del terrorismo. Amplía su ámbito a atentados ocurridos en la región y a quienes se trasladaron a Madrid por esa causa, y permite a la Comunidad ejercer la acción popular en ciertos delitos.

La ley regula la igualdad real y efectiva de las personas trans y la garantía de los derechos de las personas LGTBI. Establece medidas de los poderes públicos en ámbitos como el laboral, la salud, la educación, la cultura, el deporte, los medios de comunicación, la familia, la acción exterior, el medio rural y el turismo. También regula la rectificación registral de la mención al sexo, la protección frente a la discriminación y la LGTBIfobia, y un régimen de infracciones y sanciones.

Regula la protección de las personas que informan sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Crea canales internos y externos para recibir denuncias y establece medidas de protección frente a represalias. Crea la Autoridad Independiente de Protección del Informante.