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Regula cómo se pide y se reconoce la compensación económica para las víctimas del amianto, creada por la Ley 21/2022. Fija quiénes pueden cobrarla, cómo se solicita el certificado de patologías y cómo el Instituto Nacional de la Seguridad Social tramita, resuelve y paga la compensación.

Modifica los anexos I y III del Real Decreto 818/2018 para adaptar la forma de presentar los informes sobre proyecciones de emisiones de contaminantes atmosféricos. El cambio ajusta el nivel de detalle de esas proyecciones a las nuevas directrices del Convenio CLRTAP y a la Directiva Delegada (UE) 2024/299.

Regula cómo el Ministerio de Defensa solicita exenciones al cumplimiento de normas sobre sustancias y mezclas químicas por razones de defensa. Fija los órganos que intervienen, la tramitación, la evaluación, la resolución, la vigencia y el registro de estas exenciones.

Modifica varias leyes de la Comunitat Valenciana en materia de tasas e impuestos propios y cedidos, y en organización administrativa. También cambia normas sobre vivienda, servicios sociales, infancia, juego, función pública, educación, agricultura, medio ambiente y sanidad.

Modifica varias tasas y tributos propios de la Generalitat de Cataluña, como el canon del agua, el impuesto sobre las emisiones de CO2 de vehículos, el impuesto sobre estancias turísticas y el impuesto sobre viviendas vacías. También introduce medidas financieras, de contratación pública, de personal y de organización del sector público para 2023.

Crea la Comisión Interministerial de Biomonitorización Humana (CIBMH), un órgano que coordina el seguimiento de la exposición de la población a sustancias químicas. Regula sus competencias, composición, funcionamiento y grupos técnicos de trabajo.

Regula la producción y gestión de residuos en España para avanzar hacia una economía circular. Establece la jerarquía de residuos, objetivos de prevención, reutilización y reciclado, y obligaciones para productores y gestores. Incluye medidas fiscales, normas sobre suelos contaminados y un régimen sancionador.

Regula cómo las empresas que importan o usan mezclas químicas deben enviar información toxicológica al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Establece un procedimiento ordinario y otro especial de notificación, el formato de presentación, el registro y la confidencialidad de los datos.