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Establece medidas en Canarias para paliar los efectos de la crisis en Oriente Medio. Incluye rebajas fiscales en el Impuesto General Indirecto Canario para productos energéticos y alimentos, devoluciones de impuestos sobre combustibles a agricultores y transportistas, y ayudas al sector industrial y primario.

Modifica las bases reguladoras de las ayudas a inversiones en transformación, comercialización o desarrollo de productos agroalimentarios del Plan Estratégico de la PAC. El cambio se refiere al fomento de la integración de entidades asociativas agroalimentarias de ámbito superior a una comunidad autónoma.

Modifica el Real Decreto 348/2001, que regula la elaboración, comercialización e importación de alimentos tratados con radiaciones ionizantes. Suprime la obligación de presentar informes anuales a la Comisión Europea, porque esa información ya se cubre con otro reglamento de la Unión Europea.

Regula cómo se organizan y ejecutan los controles oficiales sobre la cadena agroalimentaria en España, para aplicar la normativa europea sobre alimentos, piensos, sanidad animal y vegetal. Incluye la toma de muestras, los análisis de laboratorio y las actuaciones ante riesgos o incumplimientos.

Establece normas para fomentar una alimentación saludable y sostenible en centros educativos. Regula los criterios nutricionales y de sostenibilidad en comedores escolares, la venta de alimentos y bebidas, las máquinas expendedoras, el acceso al agua y la programación de menús. Incluye controles oficiales y un régimen sancionador.

La ley establece medidas para prevenir las pérdidas y el desperdicio de alimentos en toda la cadena alimentaria. Fija obligaciones para los agentes de la cadena, medidas de buenas prácticas, reglas sobre las fechas de consumo preferente y un régimen sancionador.

Establece las bases para conceder ayudas a inversiones en transformación, comercialización o desarrollo de productos agroalimentarios. Estas ayudas buscan fomentar la integración de entidades asociativas agroalimentarias que actúan en más de una comunidad autónoma, dentro del Plan Estratégico de la PAC.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 4/2024, que prorroga medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo y adopta medidas urgentes en materia fiscal, energética y social.

Delimita las actuaciones de los servicios de control oficial en frontera que dependen del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y del Ministerio de Sanidad. Regula los recintos e instalaciones de control, un protocolo reforzado de coordinación y una comisión interministerial de seguimiento.

Modifica las fechas de comunicación de datos sobre semillas certificadas de cereales, arroz, oleaginosas y proteaginosas. Fija plazos para informar de la superficie aceptada, la cantidad recolectada y el nivel de existencias a través del sistema electrónico SIEGA.

El Real Decreto-ley 4/2024 prorroga medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo. Incluye medidas fiscales, energéticas, de transporte y sociales, como descuentos en el bono social eléctrico y apoyo al transporte público.

Prorroga en Navarra determinadas medidas del IVA y del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica para el año 2024, y modifica el Reglamento del IVA. Adapta el régimen tributario navarro al estatal.

La ley regula la calidad alimentaria en Galicia: crea la Agencia Gallega de la Calidad Alimentaria, fija obligaciones de autocontrol y trazabilidad para las empresas alimentarias y ordena las figuras de calidad diferenciada, como denominaciones de origen y producción ecológica. También establece el control oficial, la inspección y el régimen de sanciones.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 8/2023, que recoge medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo y para paliar los efectos de la sequía. Ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Este real decreto-ley reúne medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo y para paliar los efectos de la sequía. Incluye cambios en hipotecas, pagos, un nuevo fondo de coinversión, medidas fiscales, energéticas, de transporte, de Seguridad Social, de empleo y de vivienda.

La Diputación Permanente del Congreso convalida el Real Decreto-ley 5/2023, que mantiene y prorroga medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania, apoya la reconstrucción de La Palma y atiende otras situaciones de vulnerabilidad. También incorpora al ordenamiento español directivas europeas sobre modificaciones estructurales de sociedades y conciliación de la vida familiar y laboral.

Este real decreto-ley reúne varias medidas: incorpora directivas europeas sobre fusiones y escisiones de empresas y sobre conciliación familiar y laboral, prorroga ayudas frente a la guerra de Ucrania y para La Palma, y adopta medidas urgentes en materia financiera, energética, agraria, de vivienda y de tráfico.

Modifica las bases reguladoras de las ayudas a inversiones en transformación, comercialización y desarrollo de productos agrarios. Estas ayudas se dirigen a Entidades Asociativas Prioritarias reconocidas y a entidades participadas mayoritariamente por ellas, en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 20/2022, que recoge medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania, de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y para otras situaciones de vulnerabilidad. La convalidación mantiene vigente esa norma.