Buscar en el BOE

Aprueba la ampliación de los medios materiales y económicos traspasados a la Generalitat de Cataluña para el funcionamiento de la Administración de Justicia. Esta ampliación se debe a la creación y puesta en marcha de nuevos órganos judiciales. El real decreto fija la efectividad del traspaso y valora sus cargas financieras.

Modifica el Reglamento 1/2005 sobre aspectos accesorios de las actuaciones judiciales. Atribuye a los juzgados de guardia, por sustitución, las actuaciones urgentes de los juzgados de vigilancia penitenciaria y las decisiones sobre internamientos no voluntarios urgentes por trastorno psíquico y sobre ingresos urgentes de menores con problemas de conducta cuando la solicitud llega en días y horas inhábiles.

Fija la fecha de entrada en funcionamiento de nueve juzgados de la programación de 2023 y cambia la fecha de tres juzgados en Canarias, que pasa del 30 de junio al 30 de septiembre de 2024. También establece cuándo son efectivas las agrupaciones para ampliar la competencia de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de Málaga y Las Palmas de Gran Canaria.

Modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial para cambiar el reparto de competencias entre los Juzgados de lo Mercantil y las secciones especializadas de las Audiencias Provinciales. Con ello se busca agilizar los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, adaptando la legislación española a la Directiva (UE) 2019/1023.

Separa los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción del partido judicial de Toledo en dos tipos de juzgados: unos para asuntos civiles y otros para asuntos penales. Modifica el anexo VI de la Ley de Demarcación y Planta Judicial y ajusta las relaciones de puestos de trabajo del personal de la Administración de Justicia.

Aprueba la ampliación de los medios materiales y económicos que el Estado traspasa a la Generalitat de Cataluña para el funcionamiento de la Administración de Justicia. Esta ampliación se debe a la creación y puesta en marcha de nuevos órganos judiciales.

Reforma el Código Civil y las leyes procesales para que las personas con discapacidad tomen sus propias decisiones, con apoyos en lugar de sustituciones. Sustituye la tutela por medidas como la curatela, la guarda de hecho y los apoyos voluntarios, y adapta la ley a la Convención de la ONU sobre derechos de las personas con discapacidad.

Fija las fechas en que empiezan a funcionar nueve juzgados creados por el Real Decreto 1050/2020 dentro del plan de unidades judiciales COVID-19. Tres juzgados de lo Social lo harán el 31 de marzo de 2021 y otros seis juzgados el 30 de junio de 2021.

Crea 33 unidades judiciales para hacer frente a la acumulación de procedimientos provocada por la pandemia de COVID-19. Modifica la planta judicial, dota plazas de magistrado en la Audiencia Nacional y en las Audiencias Provinciales, y crea, transforma y renombra juzgados.