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Establece medidas urgentes para proteger la función social de la vivienda y ampliar la oferta de vivienda asequible. Incluye la suspensión de desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional, cambios en el alquiler, medidas fiscales y la creación de un fondo y una cuenta de ahorro para financiar vivienda.

Establece los requerimientos de información estadística que las instituciones de inversión colectiva, las entidades de capital riesgo y las instituciones de inversión colectiva cerradas de la Unión Europea deben enviar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Adapta la normativa española al Reglamento (UE) 2024/1988 del Banco Central Europeo sobre estadísticas de fondos de inversión.

Modifica la Orden ECO/805/2003, que fija cómo se calcula el valor de tasación de inmuebles para fines financieros. Aclara qué autorizaciones administrativas previas a la licencia de obra sirven para obtener una tasación válida y ajusta los elementos a tener en cuenta en la valoración.

Establece el régimen jurídico de las empresas de servicios de inversión y de otras entidades que prestan servicios de inversión. Regula su autorización, registro, agentes, sucursales, gobierno corporativo, requisitos de organización y normas de conducta con los clientes.

Modifica las órdenes que regulan los modelos 189 y 720 de declaración informativa. Adapta la información que se declara sobre valores, seguros y rentas, y sobre bienes y derechos en el extranjero, a los cambios normativos aprobados. Entra en vigor el día siguiente al de su publicación.

Regula las inversiones extranjeras en España y las españolas en el exterior. Establece cómo se declaran al Registro de Inversiones y cuándo una inversión necesita autorización previa del Gobierno. También crea la Junta de Inversiones Exteriores y un informe anual.

Regula los mercados de valores y los servicios de inversión en España. Establece el régimen de los valores negociables, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el mercado primario, los centros de negociación y las empresas de servicios de inversión. También fija normas de conducta, supervisión y sanción.

La ley busca facilitar la creación de nuevas empresas y reducir los obstáculos que frenan su crecimiento. Para ello modifica normas sobre sociedades, unidad de mercado, contratos públicos y morosidad, y regula las plataformas de financiación participativa.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 24/2021, que traspone varias directivas de la Unión Europea. Las materias son bonos garantizados, fondos de inversión transfronterizos, datos abiertos del sector público, derechos de autor en línea, exenciones temporales a importaciones y suministros, derechos de las personas consumidoras y promoción de vehículos de transporte por carretera limpios.

Adapta al derecho español varias directivas de la Unión Europea. Regula los bonos garantizados que emiten los bancos, la venta transfronteriza de fondos de inversión, la reutilización de datos del sector público, los derechos de autor en internet, ciertas exenciones de IVA, la protección de las personas consumidoras y el fomento de vehículos de transporte limpios.

Establece los requerimientos de información estadística que los fondos del mercado monetario de la Unión Europea deben remitir a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Esta información se envía al Banco Central Europeo para el cumplimiento de sus funciones. Deroga la Circular 2/1998.

Establece las normas contables y los modelos de cuentas anuales y estados financieros de las empresas de servicios de inversión, las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva y las sociedades gestoras de entidades de tipo cerrado, y de los grupos consolidables de empresas de servicios de inversión. Estas entidades pasan a aplicar el Plan General de Contabilidad y las normas de consolidación. Sustituye a la Circular 7/2008.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 11/2020, que recoge medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. La resolución ordena publicar ese acuerdo para conocimiento general.

Establece medidas urgentes para paliar los efectos sociales y económicos del COVID-19. Incluye la suspensión de desahucios y lanzamientos para hogares vulnerables, prórrogas y moratorias en el alquiler y la hipoteca, ayudas al alquiler y un subsidio extraordinario para empleados de hogar y por fin de contrato temporal.