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El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 18/2026, de 29 de junio, que adopta medidas dentro del Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio. La convalidación se hace conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

Modifica y amplía el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio aprobado en marzo de 2026. Ajusta impuestos sobre la energía y los carburantes, y extiende ayudas a agricultores, ganaderos, pescadores y transportistas.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 13/2026, de 2 de junio, que adopta medidas sobre los recursos de los sistemas de financiación territorial. La convalidación se hace conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

Actualiza las entregas a cuenta que el Estado transfiere a las Comunidades Autónomas y a las Entidades Locales en 2026, para ajustarlas a la previsión de ingresos tributarios de ese año. También regula planes económico-financieros, el destino del superávit local de 2025 y modifica varias normas de régimen local.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 10/2026, que aprueba medidas tributarias urgentes y otras medidas de apoyo para las víctimas de la DANA y otras situaciones de emergencia. La convalidación mantiene vigente esta norma.

Establece medidas tributarias para las víctimas de la DANA de octubre y noviembre de 2024 y para las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia Católica. Declara exentas del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades determinadas ayudas y cantidades recibidas. También fija medidas de endeudamiento y gasto para administraciones territoriales.

Aprueba un plan de respuesta a la crisis en Oriente Medio con medidas energéticas, económicas, tributarias, agrarias, pesqueras, de transporte y sociales. Incluye descuentos para consumidores eléctricos vulnerables, ayudas al bono social térmico y medidas para impulsar la electrificación y las renovables.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de la Junta de Castilla-La Mancha contra el apartado 21 de la disposición final novena de la Ley 7/2024, que fija el reparto entre comunidades autónomas de la recaudación del impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de entidades financieras según el PIB. La sentencia desestima el recurso y declara el precepto conforme a la Constitución.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de la Junta de Extremadura contra el apartado veintiuno de la disposición final novena de la Ley 7/2024, que reparte entre las comunidades autónomas de régimen común la recaudación del impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de las entidades financieras según su producto interior bruto regional. La sentencia analiza si ese criterio de reparto respeta la autonomía financiera y la solidaridad interterritorial.

Modifica el Convenio Económico entre el Estado y Navarra para adaptarlo a cambios recientes de la normativa tributaria estatal. Incorpora al Convenio el Impuesto Complementario y el Impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades financieras, y fija los puntos de conexión para repartir estos tributos entre ambas administraciones.

Modifica la Ley 12/2002 del Concierto Económico con el País Vasco para adaptarla a cambios del sistema tributario estatal. Incluye la concertación del Impuesto Complementario y del Impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades financieras.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado por la Junta de Extremadura contra un apartado de la Ley 7/2024, que crea varios impuestos. La admisión solo inicia el proceso: el Tribunal aún debe decidir sobre el fondo.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de Castilla-La Mancha contra un apartado de la Ley 7/2024, que crea varios impuestos. El recurso se dirige al apartado veintiuno de la disposición final novena de esa ley.

Aprueba los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2025: fija los estados de gastos e ingresos, las reglas para modificar créditos, las retribuciones del personal público y las operaciones de endeudamiento y avales.

Este real decreto-ley reúne medidas urgentes en economía, impuestos, transporte y Seguridad Social. Incluye ayudas directas al transporte de viajeros, medidas sobre pensiones y empleo, y apoyo a colectivos vulnerables, como medidas de vivienda. También prorroga medidas para afrontar situaciones de vulnerabilidad social.

Modifica la Orden HAC/172/2021 para adaptar el censo de obligados tributarios y el modelo 560 de autoliquidación del Impuesto Especial sobre la Electricidad a nuevas exenciones y al cambio de tipo impositivo. También modifica la Orden HAP/2328/2014 sobre los modelos 591 y 588 del impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica.

Aprueba los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2024: fija los gastos e ingresos de la administración autonómica y de sus entes públicos, y regula cómo se modifican los créditos, el gasto de personal, la deuda y las normas tributarias.

Reorganiza funciones dentro de la Agencia Tributaria. Suprime el Comité Permanente de Información y Asistencia Digital y renombra la Unidad Nacional de Coordinación de Asistencia Digital como Unidad Nacional de Información y Asistencia. También modifica resoluciones sobre organización de Aduanas, Recaudación y estructura territorial.

Establece las normas y procedimientos de diligencia debida que los operadores de plataformas digitales deben aplicar para identificar a sus vendedores y recoger sus datos. Con esa información, los operadores deben comunicarla a la Administración tributaria para el intercambio automático con otros países.