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Permite al Departamento de Educación y a los entes locales intercambiar datos para detectar alumnado con necesidades educativas específicas y distribuirlo de forma equilibrada entre centros. Regula qué datos se ceden, con qué finalidad y cómo se protegen.

Modifica por segunda vez la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres del País Vasco. Actualiza artículos sobre participación, subvenciones, contratación pública, empleo, cuidados, violencia machista y atención sanitaria, social, policial y judicial. También cambia otras leyes vascas relacionadas.

Modifica la Ley Integral contra la Violencia de Género para mejorar la protección de los hijos e hijas menores de edad que quedan huérfanos cuando su madre es asesinada por violencia de género. Incluye medidas sobre pensión, trámites sucesorios y asistencia jurídica.

La ley crea y regula el ingreso mínimo vital, una prestación económica para personas en situación de vulnerabilidad económica. Establece quiénes pueden ser beneficiarios, cómo se calcula la cuantía, el procedimiento para solicitarla y las obligaciones de los beneficiarios.

Convoca por segunda vez ayudas directas para autónomos y empresas, financiadas por el Gobierno de España, y amplía quiénes pueden solicitarlas. También modifica las bases de las ayudas a la contratación para favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

Crea la Prestación Aragonesa Complementaria del Ingreso Mínimo Vital, que se suma a esa ayuda estatal, y el Servicio Público Aragonés de Inclusión Social. Regula quién puede cobrar la prestación, su cuantía, duración, tramitación y reclamaciones, y ordena los programas de inclusión social en Aragón.

Establece un sistema de protección integral para niños, niñas y adolescentes frente a cualquier forma de violencia. Regula derechos de las víctimas, deberes de comunicación, prevención, detección y actuación en ámbitos familiar, educativo, sanitario, social, digital y deportivo.

La ley establece el marco de la acción de la Xunta de Galicia para impulsar la demografía. Crea órganos de coordinación y define políticas de apoyo a las familias, la juventud, la conciliación, el retorno de población y el equilibrio territorial.

El Tribunal Constitucional resuelve un conflicto de competencias planteado por la Generalitat de Cataluña contra varios artículos del Reglamento de adopción internacional. La sentencia declara nulos algunos preceptos de la Ley 54/2007 y de su reglamento que atribuían al Estado funciones ejecutivas en adopción internacional.

La ley establece medidas tributarias, financieras y administrativas para aplicar los presupuestos de Castilla y León de 2021. Modifica normas sobre tributos propios y cedidos, tasas, hacienda pública y organización administrativa, y regula la gestión de fondos europeos Next Generation EU.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 3/2021, que adopta medidas para reducir la brecha de género en el ámbito de la Seguridad Social y en materia económica. La resolución ordena publicar ese acuerdo para conocimiento general.

Reforma el complemento por maternidad en las pensiones para convertirlo en un complemento para reducir la brecha de género, que pueden cobrar también los hombres. Además modifica el ingreso mínimo vital, la incapacidad temporal del personal sanitario y amplía plazos de moratorias hipotecarias y avales públicos.

Regula la concesión directa de subvenciones del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 a entidades del Tercer Sector y otras organizaciones. Establece el procedimiento, las entidades beneficiarias, los gastos subvencionables, las cuantías y la justificación para tres ámbitos: servicios sociales y familias, discapacidad y juventud.

El Congreso de los Diputados aprueba la convalidación del Real Decreto-ley 30/2020, de medidas sociales en defensa del empleo, y ordena su publicación. La norma había sido publicada en el Boletín Oficial del Estado el 30 de septiembre de 2020.

Prórroga y regula los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) vinculados a la COVID-19, con medidas extraordinarias de protección por desempleo y apoyo a los trabajadores autónomos. Incluye también medidas sobre bono social y aranceles notariales y registrales.

Modifica el Código civil de Cataluña en materia de persona y familia y la Ley de mediación en el ámbito del derecho privado. Introduce cambios para impulsar la mediación en conflictos familiares y civiles, y renombra el Centro de Mediación de Derecho Privado de Cataluña.