Buscar en el BOE

La ley reúne medidas para reducir y simplificar la normativa de la Generalitat Valenciana, agilizar trámites administrativos y garantizar la unidad de mercado. También regula el apoyo a empresas emergentes y a la investigación, y contiene medidas en servicios sociales, vivienda, sanidad, educación, medio ambiente, industria y turismo.

Establece medidas urgentes de apoyo al sector agrario y forestal de Cataluña. Incluye ayudas a explotaciones ganaderas de vacuno afectadas por tuberculosis, cambios en tasas, medidas de gestión forestal y prevención de incendios, control de especies cinegéticas, simplificación agraria y medidas fiscales.

Modifica la Ley 2/2023 de biodiversidad y patrimonio natural de La Rioja para ajustarla a las competencias del Estado. Elimina o cambia varios artículos sobre los que había discrepancias con la Administración General del Estado y también modifica la Ley 8/2022 de caza y gestión cinegética.

La ley establece medidas para simplificar los trámites administrativos en Cantabria. Regula los plazos para resolver procedimientos, el silencio administrativo, los informes sectoriales y la declaración responsable para actividades económicas. También crea los Proyectos Empresariales Estratégicos y la Unidad Aceleradora de Proyectos.

Modifica varias leyes de la Comunidad de Madrid para impulsar la actividad económica y modernizar la Administración. Cambia normas sobre hacienda, tasas, urbanismo, medio ambiente, carreteras, juego, entidades locales, servicios sociales, deporte y organización administrativa.

La ley regula la conservación de la biodiversidad y el patrimonio natural en La Rioja. Establece cómo integrar esa conservación en políticas como urbanismo, agricultura, energía o infraestructuras, y crea figuras de protección de espacios y especies. También fija vigilancia, infracciones y sanciones.

Establece un marco para conservar los recursos genéticos forestales y de la flora silvestre. Crea redes de unidades de conservación en el medio natural y un Banco Nacional de Germoplasma Forestal y de Flora Silvestre. También modifica la composición y funciones de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad y del Consejo Forestal Nacional.

La ley aprueba medidas fiscales y administrativas que acompañan a los presupuestos de Cantabria de 2022. Modifica tasas propias y tributos cedidos, y cambia varias leyes autonómicas sobre servicios sociales, empleo, salud, medio ambiente, turismo, consumo y transporte, entre otras.

Crea la Oficina Central Nacional de Análisis de Información sobre Actividades Ilícitas Medioambientales, dependiente de la Guardia Civil. La oficina coordina y analiza información sobre tráfico ilegal de especies silvestres y furtivismo, en línea con el Plan de acción español y de la UE.

Establece las bases para conceder subvenciones de la Fundación Biodiversidad a centros de rescate que custodian animales y plantas vivos decomisados por comercio ilegal, dentro del Convenio CITES. También aprueba la convocatoria de ayudas del año 2021.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del Defensor del Pueblo contra varios preceptos de la Ley 9/2019 de Castilla y León, que modificó la Ley de caza de esa comunidad. La sentencia examina si esos preceptos, sobre especies cazables y periodos hábiles de caza, respetan la legislación básica estatal de protección del medio ambiente.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos de la Ley 6/2018, de protección de los animales en La Rioja. Declara nulo el precepto que prohíbe la donación, filmación, venta y cesión de animales, por incidir en el objeto y la capacidad para contratar, materia de competencia estatal.

Regula el procedimiento para pedir autorización previa antes de importar a España especies alóctonas (no autóctonas) incluidas en un Listado oficial. El objetivo es evitar que esas especies compitan con las autóctonas, alteren su pureza genética o los equilibrios ecológicos.

Aprueba el Reglamento sobre el acceso a los recursos fitogenéticos para la agricultura y la alimentación, y a los cultivados para otros fines. Desarrolla el título IV de la Ley 30/2006 y regula el acceso, las medidas de control, una comisión nacional y el fomento de los derechos de los agricultores.