Buscar en el BOE

Actualiza la normativa reglamentaria española de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo para adaptarla a los nuevos riesgos y a las exigencias internacionales. También introduce cambios puntuales en varias normas del sector financiero para ajustarlas al marco de la Unión Europea y reducir cargas administrativas.

El Tribunal Constitucional resuelve un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-ley 32/2021, de reforma laboral, y contra el artículo 4 del Real Decreto-ley 1/2022, sobre entidades de crédito. Declara nulas las disposiciones que habilitan al Gobierno para elaborar un estatuto del becario y un reglamento de seguridad y salud de menores trabajadores.

Modifica los modelos de autoliquidación 210, 211 y 213 del Impuesto sobre la Renta de No Residentes y los modelos 216 y 296 de retenciones. Añade un anexo de desglose de dividendos y nuevas casillas (clave de mercado, código LEI y código ISIN) para controlar las solicitudes de devolución de retenciones sobre dividendos y las rentas inmobiliarias.

Vuelve a introducir en el ordenamiento las modificaciones sobre la Central de Información de Riesgos del Banco de España y sobre la publicidad de los créditos revolving que el Tribunal Supremo anuló por un defecto de procedimiento. Regula de nuevo el contenido de los informes de riesgos y los criterios del ejemplo representativo en la publicidad de estos créditos.

Actualiza los diseños de registro de varios modelos de declaración informativa a la Agencia Tributaria: 195, 199, 182, 193, 184, 282, 345 y 289. Los cambios son ajustes técnicos en campos concretos de esos modelos.

Modifica el Real Decreto 1012/2015 para adaptar el cálculo del requisito mínimo de fondos propios y pasivos admisibles (MREL) de los grupos bancarios de importancia sistémica mundial con estrategia de resolución basada en una activación múltiple (MPE). Incorpora así al derecho español la modificación de la Directiva 2014/59/UE hecha por el Reglamento (UE) 2022/2036.

Modifica tres órdenes sobre la colaboración de las entidades de crédito en el cobro de deudas tributarias para la Agencia Tributaria. Ajusta el funcionamiento de los pagos por internet y del servicio de consulta del Número de Referencia Completo (NRC).

Establece las condiciones del segundo tramo de avales públicos para financiación de pymes y autónomos afectados por la DANA de octubre y noviembre de 2024. El tramo asciende a hasta 240 millones de euros y el Instituto de Crédito Oficial subvenciona los intereses de esa financiación avalada.

Fija cómo se cobran las cuotas nacionales y provinciales del Impuesto sobre Actividades Económicas de 2024 y cambia el plazo para pagarlas en periodo voluntario. El pago se hace en entidades de crédito colaboradoras con el documento de ingreso. El nuevo plazo va del 16 de septiembre al 20 de noviembre de 2024.

Modifica la Resolución de 2004 que regula los procedimientos especiales para pagar deudas tributarias cuando no se pueden ingresar por el procedimiento general de las entidades colaboradoras. Actualiza así las vías de ingreso excepcionales de la Agencia Tributaria.

Actualiza la normativa del Banco de España sobre la información que bancos, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito, entidades de pago y entidades de dinero electrónico deben comunicar sobre sus participaciones y su estructura de capital. También modifica parcialmente la Circular 1/2009 y fija cómo presentar esos datos.

Modifica dos circulares del Banco de España para adaptarlas a la Ley 18/2022: prohíbe a entidades de crédito de fuera de la Unión Europea captar depósitos del público en España sin sucursal y fija criterios de valoración en la autorización. También revisa la información sobre remuneraciones que entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito deben enviar al Banco de España.

Desarrolla las potestades de supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) previstas en la Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión. Regula los registros oficiales de la CNMV, la cooperación con otras autoridades nacionales y de la Unión Europea y la supervisión de las empresas de servicios de inversión.

La ley incorpora al derecho español varias directivas de la Unión Europea. Regula la accesibilidad de productos y servicios, la entrada de personas altamente cualificadas, obligaciones tributarias del IVA y la digitalización de notarías y registros. También modifica la ley sobre responsabilidad civil por daños nucleares.

Modifica la orden que regula la domiciliación bancaria del pago de deudas con la Agencia Tributaria. Permite domiciliar el pago en cuentas abiertas en entidades no colaboradoras situadas en la Zona Única de Pagos en Euros (SEPA). La gestión se realiza a través de una entidad colaboradora.